El papel del abogado en las actuaciones ante las OMIC

Revista del Colegio de Abogados de San Isidro, Nº 115 julio / agosto 2005, p. 70.

Autor: Enrique J. Perriaux.

I.- INTRODUCCION

Desde el dictado de la ley 24.240 en el año 1993 la problemática del derecho del consumidor ha experimentado un desarrollo vertiginoso. Tanto en el ámbito nacional como en el provincial se han dictado numerosas normas que regulan aspectos tanto de derecho sustancial como de forma.

A pesar de tratarse de una joven disciplina en nuestro país, el vigor con el que la misma crece e impregna diversas ramas del derecho, lleva a que los abogados no podamos permanecer ajenos a la misma.

A fines del año 2003 se sanciona en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires la ley 13.133, la que comenzó a regir en el mes de enero del siguiente año.

Dicha ley, titulada “Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios”, ya ha sido comentada en estas páginas(2), por lo que a dicho análisis nos remitimos.

El objetivo del presente es destacar el papel que el abogado puede desempeñar en las actuaciones administrativas y judiciales derivadas de la aplicación de las leyes 24.240 y 13.133.

 

II.- EL PROCEDIMIENTO ANTE LAS OMIC

La ley 13.133 implica el reconocimiento legal de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC). Dichas Oficinas existían ya en algunas jurisdicciones(3), pero es dicha ley la que regula sus funciones y atribuciones.

En sus arts. 79 y 80 la ley otorga a los Municipios – dentro del límite de sus respectivos territorios – la potestad de aplicar los procedimientos y las sanciones previstas en la misma.

Dentro de la estructura municipal las OMIC están a disposición de los consumidores en distintas localidades de la Provincia para realizar consultas y presentar quejas, reclamos o denuncias.

Actualmente, la provincia de Buenos Aires cuenta con 56 OMIC funcionando (al 31-3-06 ya funcionan 69 OMIC), sobre un total de 98 Municipios que firmaron convenio con el Ministerio de la Producción para su apertura. Entre las OMIC de nuestro Departamento Judicial o cercanas se encuentran las de San Isidro, Pilar, Escobar, Campana, San Martín, Morón y Moreno, entre otras.

Las actuaciones ante las OMIC pueden iniciarse de oficio o por denuncia del consumidor o usuario. Tal como veremos a continuación, sea cual fuere el modo en que se hayan iniciado, la actuación del abogado es relevante.

 

  1. a) Iniciación de oficio

En el caso en que el sumario se inicie de oficio, el Municipio debe destinar agentes inspectores a fin de constatar la existencia de infracción y labrar el acta pertinente.

Dicha acta debe contener una serie de requisitos establecidos por la ley. El presunto infractor puede dejar constancia en la misma de las circunstancias que considere relevantes, así como de la existencia de testigos y sus dichos.

En ese mismo acto el presunto responsable de la infracción es notificado a fin de que, dentro del plazo de 5 días hábiles, pueda ejercer su defensa, presentando un descargo.

Es obvio resaltar la relevancia de la actuación del abogado en esta etapa. La asistencia letrada deviene conveniente desde el momento en que se practica la inspección. De no ser posible asistir a dicha diligencia, el descargo efectuado con asesoramiento letrado puede sellar la suerte del procedimiento, garantizando una adecuada defensa del presunto infractor.

 

  1. b) Iniciación por denuncia

La iniciación del sumario por denuncia puede formalizarse por escrito o verbalmente. En dicha oportunidad el consumidor debe ofrecer todas las pruebas de las que intente valerse.

Es en esta etapa cuando la intervención del abogado se torna prácticamente indispensable para efectuar el adecuado encuadre fáctico y jurídico del reclamo. En efecto, a menudo se ven en las OMIC denuncias confusas, sin especificar concretamente el supuesto perjuicio sufrido y sin ofrecimiento de prueba alguna.

Una denuncia formulada sin el acertado asesoramiento letrado puede tornar ilusoria la pretensión del consumidor.

Por dicha razón, resulta conveniente presentar una nota con una breve descripción de los hechos que originan la denuncia. La misma debe ser clara y concisa, y contener todos los datos del consumidor, a fin de que la OMIC pueda comunicarse con él y notificarlo de cualquier providencia a dictarse. Debe especificar asimismo los datos del proveedor denunciado, como el nombre de la empresa, su actividad y domicilio.

Se debe acompañar toda la documentación relacionada con los hechos que se quieren denunciar (facturas, remitos, presupuestos, notas, cartas, etc.).

Finalmente, se debe ofrecer la prueba, siendo admisible todo género de medios probatorios: documental: testimonial, informativa, pericial.

Una vez recibida la denuncia, se abre la instancia conciliatoria, designándose audiencia a tales fines.

Se pueden celebrar tantas audiencias como sean necesarias a fin de encontrar una solución al diferendo. Si las partes llegan a un acuerdo en dicha instancia, el mismo es homologado.

En caso de no llegarse a un acuerdo, la OMIC formula auto de imputación, debiendo consignar una relación sucinta de los hechos y la determinación de la norma legal infringida. El auto de imputación es notificado al infractor a fin de que presente por escrito su descargo y ofrezca prueba.

El incumplimiento de los acuerdos homologados y la incomparecencia injustificada a la audiencia de conciliación, son considerados violación de la ley en análisis y de la ley 24.240 y, por lo tanto, pasibles de las sanciones establecidas en dichas normas.

 

  1. c) Trámite común

En el escrito de descargo o en su primera presentación el presunto infractor debe constituir domicilio dentro del radio del Municipio y acreditar su personería. Tal como se viera precedentemente, puede ofrecer prueba. En el caso de tratarse de la pericial, los peritos que ofrezca serán a su costa.

Las pruebas se admiten solo en el caso de existir hechos controvertidos, desestimándose aquellas que resulten manifiestamente inconducentes. El plazo de prueba es de 10 días hábiles, prorrogable por causa justificada. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba procede únicamente el recurso de reconsideración.

En el caso de ofrecerse prueba testimonial, solo se admite la declaración de hasta 3 testigos.

Una vez producida la prueba se cierra la instancia conciliatoria, quedando las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

La resolución definitiva debe dictarse dentro del plazo de 20 días hábiles. Las sanciones aplicables pueden ser de suma gravedad. Las mismas van desde un apercibimiento o multa de $100 a $500.000 hasta la clausura del establecimiento  por 30 días, decomiso de mercaderías o pérdida de habilitación, licencia, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare el infractor.

Asimismo, en todos los casos se dispondrá la publicación de la resolución condenatoria a costa del infractor en el diario de mayor circulación de la jurisdicción donde se cometió la infracción.

El procedimiento contemplado por la ley 13.133 está impregnado por una característica común a todo actuación ante la Administración Pública, cual es el principio del informalismo.

Es así que, por ejemplo, y a pesar de no estar contemplado por dicha ley, en la mayoría de las OMIC las audiencias se toman con media hora de tolerancia, las presentaciones escritas carecen de formalidad particular, se admiten comunicaciones y presentaciones por via de fax, postal o electrónica buscando, en general, la composición de los intereses en pugna del modo más expeditivo posible.

El informalismo de este procedimiento rige tanto para el consumidor como para el proveedor presuntamente infractor, ya que en sendos casos devienen aplicables las garantías constitucionales del debido proceso y de igualdad ante la ley.

 

III.- LA REVISION JUDICIAL

En el caso de que el procedimiento ante las OMIC concluya con una sanción al infractor, se abre un importante espacio de actuación para los abogados.

En efecto, en primer lugar debe agotarse la vía administrativa. Tal como hemos mencionado precedentemente, el recurso de reconsideración solo se admite ante resoluciones denegatorias de medidas de prueba. Sin embargo, coincidimos con la doctrina que sostiene que el mismo debe ser admitido respecto de otras contingencias del proceso que impliquen cualquier decisión de la autoridad de aplicación(4).

El análisis de los recursos necesarios para considerar agotada la vía administrativa excede el marco del presente. Cabe destacar, sin embargo, que el art. 85 de la ley 13.133 establece la competencia del fuero contencioso administrativo provincial para efectuar la revisión judicial de las sanciones aplicadas en el ámbito administrativo. En los lugares en que no existieren juzgados de dicho fuero, la Suprema Corte de la Provincia intervendrá en forma originaria.

En otras palabras, frente a una decisión condenatoria  dictada por el organismo administrativo correspondiente(5), el infractor podrá solicitar su revisión por la vía judicial.

La ley 13.133 prevé asimismo un procedimiento para acudir a la justicia, sea en forma directa, sea luego de haber tramitado la instancia administrativa.

Entre sus características sobresalientes figuran la sumariedad del proceso(6), su gratuidad y el hecho de que, frente a una sentencia condenatoria, el recurso de apelación se concederá al solo efecto devolutivo, y ello previo depósito del capital, intereses y costas, con excepción de los honorarios de los profesionales de la parte recurrente. Esta última característica es similar a la vigente en el procedimiento laboral provincial.

IV.- CONCLUSION – EL ROL DEL ABOGADO

Las actuaciones ante las OMIC se enrolan, sin duda alguna, en la moderna vocación que los abogados tenemos a encontrar medios alternativos para la solución de los conflictos.

Junto al arbitraje, la mediación – pública o privada – y  la conciliación laboral, el procedimiento para “la prevención y solución de conflictos en ámbito administrativo”, utilizando los términos de la ley, en materias relativas al derecho del consumidor, constituye una alternativa valiosa para componer los intereses de las partes en conflicto.

El universo de situaciones englobadas dentro de esta temática es sumamente vasto(7). Conforme las últimas estadísticas, entre los rubros más denunciados y sancionados se encuentran el de telefonía celular, bancos, tarjetas de crédito, automotores, medicina prepaga, electrodomésticos, supermercados, transporte y turismo(8). Una de las infracciones más constatadas es la violación al deber de información y la falta de precisiones en la publicidad, obligaciones ambas establecidas por los arts. 4, 7 y 8 de la ley 24.240.

El procedimiento administrativo ante las OMIC resulta pues, una valiosa herramienta que podemos utilizar y brindar a nuestros clientes. En la mayoría de los casos se arriba a un acuerdo conciliatorio, en cuyo caso habremos proporcionado una rápida y satisfactoria solución a quienes nos consultan.

En el caso de no existir conciliación, la eventual sanción que se dicte constituye un antecedente de gran importancia para una ulterior demanda, considerando que se pueden haber probado situaciones fácticas de suma relevancia. En la actualidad, el importe de la sanción de multa se destina a los Municipios y a la Provincia(9).

El abogado no puede ser ajeno a la particular relación entre el consumidor y el proveedor de bienes o servicios. El consumidor es la parte más débil de la relación y, como tal, debe ser acompañado y asesorado por nosotros. El proveedor tiene derechos de raigambre constitucional a que le sea respetada su posibilidad de defenderse; somos nosotros, los abogados, quienes debemos evitar que la misma se vea conculcada.

 


Notas:

[1] El autor es miembro del Instituto de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados de San Isidro.

[2] Fulvio Santarelli, Breves Anotaciones al Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, Síntesis Forense Nº 112, Enero/Febrero 2005, p. 16.

[3] En San Isidro, por ejemplo,  la OMIC funciona desde el año 1999.

[4] Bersten, Horacio L., Derecho Procesal del Consumidor, p. 97, La Ley, 2004.

[5] El decreto provincial 1036/04 designa como Autoridad de Aplicación, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Producción, a través de su Dirección Provincial de Comercio. Atento la facultad de aplicar sanciones que la ley 13.133 otorga a los municipios, será la decisión del Intendente Municipal la que agote la vía administrativa. En algunas jurisdicciones esta facultad ha sido delegada. Así, en el Partido de San Isidro, el decreto municipal 969/04 designa como autoridad de aplicación municipal a la Secretaría de Producción y Defensa del Consumidor.

[6] Si bien la ley 13.133 preveía en el párrafo 2º de su art. 23 el trámite sumarísimo de dichos procesos, dicha norma fue vetada por el Poder Ejecutivo. Ahora bien, conforme el art. 53 de la ley 24.240, en las cuestiones concernientes a la relación de consumo “se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente”. Por lo tanto, en el ámbito de nuestra Provincia, deberán tramitar bajo la forma del proceso sumarísimo.

[7] El art. 2º de la ley 24.240 establece que quedan obligados a la misma todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios.

[8] Informe correspondiente al mes de marzo de 2005, elaborado por la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[9] Sin embargo, un proyecto de ley en estudio en la Cámara de Diputados de la Nación prevé una multa adicional a favor del consumidor.