Los requisitos de admisibilidad del daño punitivo

Apuntes de derecho nacional y de derecho francés. 

Autor: Enrique J. Perriaux.

REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS, Año XIII, Nº 12, Diciembre de 2011, p. 3; DOCTRINA JUDICIAL, Año XXVII, Nº 23.

I. Introducción:

La sanción de la ley 26.361, de reforma a la ley 24.240 de defensa de consumidor, introduce en nuestro país la figura del daño punitivo.

A través del presente intentaremos delinear los requisitos de admisibilidad de la misma, tanto desde la óptica del derecho argentino como desde la del derecho francés.

En primer lugar analizaremos brevemente las posturas de la doctrina nacional, para detenernos más particularmente en las líneas actuales de la jurisprudencia que ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto.

Por otro lado, existe actualmente en Francia una amplia discusión, tanto doctrinaria como legislativa, sobre la conveniencia o no de incorporar la figura del daño punitivo en su derecho positivo, con distintos informes y un reciente proyecto de ley. Entendemos que una mirada a los mismos puede resultar inspiradora de propuestas y argumentos, de modo de enriquecer el debate siempre abierto en nuestro país.

Creemos que la figura de los daños punitivos puede ser de gran utilidad para paliar las evidentes desigualdades entre el consumidor y el proveedor. Pero dicha figura, en su redacción actual, debe ser utilizada con suma prudencia, de modo de no desnaturalizarla al punto tal que, castigando indiscriminada y arbitrariamente tanto al buen como al mal proveedor, conduzca – paradójicamente – a la desprotección de su principal beneficiario, el consumidor.

II. Los requisitos de admisibilidad del daño punitivo

A) Derecho nacional

Con anterioridad a la ley 26.361, la doctrina mayoritaria propiciaba la incorporación de la figura de los daños punitivos a nuestro ordenamiento jurídico, subrayando la importancia de la misma.

Uno de sus precursores fue Pizarro (1), seguido por Mosset Iturraspe (2), Galdós (3), Lorenzetti (4), Sobrino (5) y Alterini (6), entre otros.

Un sector minoritario de la doctrina se oponía a la recepción de este instituto en el derecho nacional, alegando esencialmente que el mismo es extraño a nuestro sistema jurídico. Encontramos entre ellos a Picasso (7), Bustamante Alsina (8) y Martinotti (9).

Luego de la sanción de la ley 26.361, que incorpora la figura del daño punitivo a la LDC a través del nuevo artículo 52 bis, las diferencias entre ambas posturas comienzan a desdibujarse.

Ha sido casi unánime la opinión del mundo jurídico relativa a la deplorable redacción de la norma por parte del legislador.

Ello ha llevado a que algunos autores, entusiastas defensores del instituto desde el punto de vista teórico, hayan manifestado su preocupación por las consecuencias prácticas que del mismo podrían derivarse.

Sostienen en tal sentido Pizarro y Stiglitz (10) que la recepción del instituto se ve severamente malograda por la pésima redacción del artículo, cuyas imperfecciones conllevan una virtualidad suficiente para convertir a la ley en un instrumento de inseguridad jurídica y, peor aún, de inequidad.

En efecto, establece el art. 52 bis LDC que “al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias que correspondan”.

De acuerdo a la redacción de la norma cualquier  incumplimiento por parte del proveedor lo haría pasible de la sanción legal indicada. Ello podría llevar a que, como sostiene Picasso (11), “el mero incumplimiento, aunque se trate de una obligación de resultado, y aún cuando no exista daño alguno causado al consumidor, facultaría al juez a sancionar al proveedor mediante una multa cuyo único límite es el monto de cinco millones de pesos”.

Esta noción de cualquier incumplimiento fue precisamente la que se utilizó en el precedente Machinandiarena (12), en el que se aplicó la figura por primera vez en el país. Al fundar la imposición del daño punitivo (13), expresamente sostiene el Tribunal que “para que la actuación del proveedor merezca la citada sanción, la norma solo exige el incumplimiento por parte de éste de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor. Nada más” (14).

Algunos fallos, minoritarios a la fecha, siguen la tendencia señalada y, lo que es más grave aún, no explican siquiera la razón de la sanción que imponen.-

Un claro ejemplo de los riesgos que entraña la aplicación indiscriminada del instituto es la sentencia que aplica daños punitivos, con el único argumento de entender que “para el caso de autos no solo se ha acreditado el incumplimiento de una relación contractual en la órbita de los derechos del consumidor por parte de la demandada, sino que se ha agravado por el desdén que ella ha demostrado, frente al derecho invocado, por su silencio e incomparecencia en el proceso”(15). ¿Quiere esto decir que la mera rebeldía es causal de aplicación de una multa en concepto de daños punitivos? ¿No existen acaso remedios procesales más adecuados e, incluso, más gravosos para el rebelde? (16).

En otro fallo, relativo a fallas en un automóvil con pocos kilómetros de rodamiento, no deja de llamar la atención la incongruencia del juez a quo al imponer la multa civil. En efecto, en los considerandos deja expresa constancia de que el consumidor “fue atendido por el servicio oficial, donde se le brindó asistencia específica y procuró una solución definitiva con el cambio de la caja de dirección incluido, aunque la relación derivó en un infructuoso intercambio epistolar”.

Sorprendentemente, al momento de fallar, sostiene que, sin ignorar la crítica que el instituto ha recibido por parte de la doctrina, encuentra justo aplicarlo. No brinda la menor explicación acerca de la razón por la que llega a esa conclusión.

Parecería querer decir que, si bien el proveedor había sido solícito en cumplir con las obligaciones a su cargo, corresponde – además de las indemnizaciones acogidas por los otros rubros – la imposición de esta pena ejemplar. En otras palabras, si habiendo puesto los medios a su alcance se lo sanciona de este modo, ¿pretende el juez que en la próxima oportunidad el proveedor deje de intentarlo? ¿No podría plantearse el proveedor el interrogante acerca de para qué incurrir en gastos y esfuerzos, si de todos modos será sancionado?

Creemos que sentencias de esta naturaleza conducen a invertir el fin de la norma. En efecto, en vez de punir con toda la gravedad necesaria al infractor doloso o manifiestamente negligente, desalientan el esfuerzo de quienes intentan cumplir con sus obligaciones. Es obvio que todo proveedor puede cometer infracciones y, de hecho, las cometen con mayor frecuencia que la deseada. Pero resulta también evidente que la función tuitiva y disuasiva de la LDC y, en particular, del instituto en análisis, no se logra con la imposición de sanciones arbitrarias.

Por dicha razón resulta merecedora de elogio la sentencia dictada por el Superior, que revoca la de primera instancia precedentemente reseñada. La misma tiene precisamente la virtud y el mérito de la prudencia en su tarea de aplicar la norma al caso concreto. Sostiene en tal sentido que “no estamos de acuerdo con la redacción de la norma en lo que respecta a las condiciones de admisibilidad del daño punitivo. No cualquier incumplimiento contractual o legal puede dar curso a la petición de este tipo de pena que condena al incumplidor a reparar más allá del daño producido. Creemos que la amplitud dada por el legislador a los – por así llamarlos – requisitos de procedencia, es extremadamente peligrosa al no brindar al juez un marco o parámetro de referencia al que atenerse a la hora de sopesar la conveniencia y oportunidad de condenar a pagar daños punitivos”.

Continúa la sentencia mencionando que “no podemos exigir únicamente el aspecto objetivo del incumplimiento sino que, además, consideramos que es necesaria una particular subjetividad. No parece respetar elementales exigencias de justicia la circunstancia de tratar igualitariamente a aquel que ha causado un daño por una mera negligencia o imprudencia, que a aquel que comete graves transgresiones, de manera conciente y aún, en ocasiones, obteniendo pingües ganancias con su reprochable accionar” (17).

Deviene aquí obligada la cita de López Herrera, cuando sostiene que “es contrario a la esencia del daño punitivo, y a más de 200 años de historia, sostener que un abogado está habilitado para pedir y el juez a concederlos ante la simple invocación de que el proveedor no ha cumplido sus obligaciones legales o contractuales. Para poder cobrar daños punitivos hace falta algo más. Un elemento de dolo o culpa grave es necesario para poder condenar a pagar daños punitivos” (18).

Ha dicho recientemente la Cámara Nacional en lo Comercial que el daño punitivo es de carácter excepcional y no rutinario, y debe ser empleado con sumo cuidado, pues se trata de un instituto importado del derecho anglosajón, extraño a nuestro sistema jurídico, que prácticamente no concibe la existencia de las llamadas penas privadas” (19).

Propusimos en un trabajo anterior utilizar como una posible guía en este tema el concepto de contumacia, conforme la primera acepción del Diccionario de la Real Academia, que la define como la “tenacidad y dureza en mantener un error”.

Creemos que esta fórmula referida a la insistencia – tenacidad y dureza conforme la definición académica – en mantener un error culposo o doloso por parte de un proveedor y que afecte a uno o más consumidores podría, en muchos casos, ser de gran utilidad para determinar si corresponde o no la aplicación de la multa civil (20).

Un reciente fallo ha basado la condena por daños punitivos justamente en la insistencia, en la tenacidad en mantener su error por parte de una telefónica. Expresa en tal sentido que “la reprochabilidad de la conducta de una parte, su intencionalidad o el grado en el que refleja su indiferencia frente a los usuarios es el punto central a tener en cuenta para la fijación de la sanción prevista en la norma … frente a los reiterados incumplimientos, a pesar del tiempo transcurrido desde la presentación de la primera nota para dar de baja el servicio y efectuar transferencias de líneas hasta la fecha de la presente en la que se condena a la demandada a cumplir lo solicitado por el consumidor a la empresa dos años antes” (21).

Resulta particularmente esclarecedora la propuesta hermenéutica que formula López Herrera en relación al art. 52 bis LDC. Partiendo de la premisa de que el incumplimiento de una obligación legal es condición necesaria pero no suficiente para cobrar daños punitivos, se pregunta cuáles son las condiciones que faltan. Responde que el artículo debe ser leído en su conjunto y que las pautas para graduar la condena deben ser tomadas también para evaluar previamente su procedencia (22).   

B) Derecho francés

Dado su origen anglosajón, la evolución y aplicación de los daños punitivos en los países del “common law” ha sido ampliamente estudiada y difundida.

Menor ha sido el interés que el derecho continental europeo ha despertado entre nosotros respecto del instituto en estudio. Ello se debe, tal vez, a una línea de pensamiento, uno de cuyos mejores exponentes ha sido Bustamante Alsina, quien sostenía que “en relación a nuestro principal referente en materia legislativa de derecho privado, es decir la República Francesa, que tanta influencia ejerció como fuente de nuestro Código Civil a través del Código Napoleón y sus comentaristas, así como la orientación que dio a nuestra jurisprudencia durante tanto tiempo la inteligente doctrina de sus tribunales encabezados por los fallos luminosos de su Corte de Casación, podemos afirmar que los llamados «daños punitivos» son extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil” (23).

Sin embargo, desde las palabras de Bustamante Alsina en 1994 hasta la actualidad, se han sucedido en Francia importantes cambios en lo que a nuestra materia se refiere.

El 22 de septiembre de 2005 se presenta al Ministro de Justicia un meduloso y extenso Anteproyecto de Reforma del Derecho de las Obligaciones y del Derecho de la Prescripción (24). El grupo de trabajo estuvo formado por 37 profesores universitarios, consejeros y abogados de la Corte de Casación y del Consejo de Estado. Dado que estaba presidido por el Prof. Pierre Catala, se lo conoce como Informe Catala.

Dicho Informe fue precedido de una vasta discusión acerca de la conveniencia y oportunidad de incorporar los daños punitivos al derecho francés. Entre otros interrogantes, la doctrina se debatía entre si los mismos debían acotarse a determinados conflictos individualizados de antemano (como ser los daños al honor o a la vida privada, en particular a través de la prensa) o si, por el contrario, debía sancionarse un texto con alcance general, autorizando al juez a otorgar “daños e intereses punitivos”.

El Informe opta por la segunda alternativa, y propone una modificación al artículo 1371 del Código Civil, el que quedaría redactado de la siguiente manera:

“El autor de una falta manifiestamente deliberada y, en particular, de una falta lucrativa, podrá ser condenado, además de a los daños e intereses compensatorios, a daños e intereses punitivos, respecto de los cuales el juez tiene la facultad de destinar una parte al Tesoro Público. La decisión del juez de otorgar dichos daños e intereses debe ser especialmente fundada y su monto debe diferenciarse de aquel correspondiente a los otros daños e intereses acordados a la víctima. Los daños e intereses punitivos no son asegurables”.

Ha sostenido Vignon-Barrault que la originalidad del proyecto de reforma radica tanto en la obligación que impone al juez de distinguir entre daños compensatorios y daños punitivos, como en la falta de una limitación a su campo de aplicación. Por dicha razón los mismos serían aplicables tanto en materia contractual como extracontractual. Destaca que el proyecto va incluso más allá de aquello que es admitido, de lege lata, por el derecho inglés y por el derecho irlandés (25).

En el marco de estas discusiones acerca de la reforma del régimen de responsabilidad civil, el Senado adopta, con fecha 15 de julio de 2009, el Informe Nº 558, relativo a la “Responsabilidad civil: Evoluciones necesarias” (26).

Como corolario de estos antecedentes, con fecha 9 de julio de 2010 el senador Béteille, quien había participado activamente en la preparación del informe anterior, presenta en el Senado el proyecto de ley Nº 657 (27). Su exposición de motivos expresa que el sistema de la responsabilidad civil se encuentra en la actualidad basado en una serie limitada de preceptos legales y con pocas modificaciones desde la sanción del Código Napoleón en 1804.

Recalca el papel de la jurisprudencia que lentamente ha ido construyendo un sistema jurídico protectorio de las víctimas de daños pero que, por su propia naturaleza, es fluctuante y, a veces, de difícil aprehensión. Sostiene que, por ello, ha llegado el momento de contar con un derecho de la responsabilidad renovado, que responda más adecuadamente a las exigencias y desafíos de la sociedad contemporánea.

Consigna expresamente que el objeto del proyecto de ley es, precisamente, traducir en el nivel legislativo, las iniciativas y conclusiones del Informe de 2009. Reconoce asimismo, inspirarse particularmente en el proyecto Catala.

El proyecto de ley, manteniendo la conceptualización inicial, modifica la redacción legal. En tal sentido propone incorporar al Código Civil el artículo 1386-25 (28), el que establece que:

“En los casos en los que la ley lo disponga expresamente, cuando el daño resulte de un ilícito extracontractual o de un incumplimiento contractual cometido voluntariamente y que haya permitido a su autor un enriquecimiento que la sola reparación del daño no pudiera suprimir, el juez puede condenar al autor del daño, mediante una decisión fundada, además de a los daños e intereses aplicables conforme al art. 1386-22, a daños e intereses punitivos cuyo monto no puede exceder el doble del monto de los daños e intereses compensatorios.

Los daños e intereses punitivos son, en la proporción que el juez determine, otorgados respectivamente a la víctima y a un fondo de indemnización cuyo objeto sea reparar daños similares a aquél padecido por la víctima. A falta de dicho fondo, la proporción de daños e intereses no atribuidos a la víctima es destinada al Tesoro Público”.

A pesar de que, según su autor, el texto del proyecto de ley se inspiraría en el Informe Catala, ello no es así en la materia que nos ocupa. En efecto, mientras que el Informe Catala seguía la corriente doctrinaria que consideraba conveniente legislar sobre los daños punitivos con cierta amplitud, el proyecto adopta una postura considerablemente más restrictiva.

En primer lugar, y esto es decisivo, el proyecto requiere la existencia previa de una ley que expresamente autorice la imposición de daños punitivos. Toma partido, de este modo, por la postura que sostiene que los mismos deben acotarse a determinados conflictos, los que deben ser individualizados de antemano por la ley.

¿A qué leyes se refiere? De acuerdo al proyecto del Senado, entre dichas leyes deberían figurar aquellas que protegen los derechos personalísimos, como el derecho a la vida privada, infringido muchas veces a través de los medios de comunicación. También se sugiere la posibilidad de que se apliquen daños punitivos a través de las leyes ambientales o de defensa de la competencia, entre otras.

El proyecto requiere a continuación un factor de intencionalidad por parte del infractor, y que su actuar constituya la denominada falta lucrativa, es decir, que implique un enriquecimiento indebido a su favor.

La imposición del daño no es automática, ya que es una facultad del juez. La decisión debe ser expresamente fundada. A diferencia de nuestro sistema, no es necesaria la petición de parte.

Establece un tope equivalente al doble del importe que se otorgue a la víctima en concepto de daños y perjuicios por el resto de los rubros de condena. La razón de este tope, según el informe senatorial, es el temor a que “los jueces pudiesen otorgar daños punitivos sin relación ni mesura con el daño efectivamente sufrido por la víctima”.

Finalmente, establece que el juez determinará la proporción en la que la multa se distribuirá entre la víctima y “un fondo de indemnización cuyo objeto sea reparar daños similares al que ha sufrido la víctima”. En defecto del mismo, la parte no atribuida a la víctima se destinará al Tesoro Público.

Del seno de la discusión previa entre destinar la totalidad del importe de la multa a favor de la víctima o a favor de un fondo de indemnización o al Tesoro Público, se optó por una solución intermedia, que permite al juez establecer la proporción en la que se distribuirá la misma. Sin perjuicio de ello, si bien el artículo no lo dice, el informe del Senado sugería que el monto de la multa se destinara “prioritariamente” a la víctima.

A diferencia del Informe Catala, el proyecto de ley no incluye la prohibición de asegurar los eventuales daños punitivos. Dicha omisión no es casual. Detrás de ella hay un interés económico. Se sostuvo en el informe de 2009 que la carga financiera de las previsiones que al respecto tendrían que hacer las empresas si no pudieran asegurarse, podría provocar que las mismas se establecieran en otros paises de la Comunidad. Se dijo también que, seguramente, el alto costo de las primas para asegurar un riesgo tan incierto constituiría un fuerte incentivo para prevenir la comisión de estas faltas lucrativas.

III. Conclusión

Hemos visto como, frente a la deficiente norma vigente, la doctrina nacional es cautelosa en relación a la aplicación de los daños punitivos.

La jurisprudencia, siguiendo el rumbo de la doctrina mayoritaria, ha establecido que para la aplicación de la figura se requiere, mínimamente: a) Un elemento subjetivo, consistente en la intencionalidad o la negligencia grave; b) Un elemento objetivo, constituido por la gravedad de la falta y, c) La necesidad de una aplicación restrictiva del instituto.

Por su lado, los diversos proyectos en discusión en Francia durante los últimos años son, con diversos matices, contrarios a una aplicación irrestricta de la figura.

No debemos permitir que la utilización indiscriminada de los daños punitivos inspire la creación en nuestro país de un premio similar a los Stella Awards. Los mismos son premios entregados anualmente en Estados Unidos a aquellas personas que han promovido demandas particularmente abultadas, intentando manifiestamente abusar del sistema judicial norteamericano. Estos premios deben su nombre a Stella Liebeck, quien obtuvo de McDonald’s una indemnización de 2,9 millones de dólares por haberse quemado al volcar un vaso de café en su auto.

Por el contrario, creemos que una aplicación prudente y mesurada del instituto, tanto por parte de los jueces como de los autores, puede redundar en beneficio del mercado de bienes y servicios, desalentando conductas empresariales gravosas que, por su magnitud, generan de modo deliberado, y sobre la base de una ecuación empresarial de costo-beneficio, réditos o ganancias ilícitas para los proveedores, a la vez que se traducen en costos sociales de difícil reparación por las vías tradicionales, por tratarse de daños de escasa relevancia económica en el plano individual, pero de significativa importancia colectivamente evaluados (29).

Al finalizar, no podemos menos que coincidir con Celayez, la que sostiene que “en la cuestión tratada adquiere un rol fundamental el juzgador, y confiamos en que la solución a las deficiencias advertidas pueda provenir de una correcta y urgente reglamentación de la ley” – o incluso mediante una ley de reforma, agregamos nosotros – “que permita eliminar los escollos o al menos disminuir la incertidumbre que genera en el ámbito judicial la aplicación hoy en día de un instituto que redunda en efectos positivos para la sociedad” (30).


NOTAS

  1. Pizarro, Ramón D., Daños punitivos, en “Derecho de Daños”, Libro homenaje al Prof. Félix Trigo Represas, 2º parte, La Rocca, Buenos Aires, 1993.
  2. Mosset Iturraspe, Jorge, La multa civil o daño punitivo. Comentario al proyecto de Código Civil de 1998, LA LEY 2000-B-1277.
  3. Galdós, Jorge M., Los daños punitivos. Su recepción en el Código Civil de 1998: Primeras aproximaciones”, RCyS 1999-V-196.
  4. Lorenzetti, Ricardo A., Las normas fundamentales de derecho privado, Ed. Rubinzal Culzoni, 1995.
  5. Sobrino, Augusto R., Los daños punitivos: una necesidad de la postmodernidad, JA 1997-III-976.
  6. Alterini, Atilio, Contratos civiles-comerciales de consumo. Teoría general, Abeledo Perrot, 1998.
  7. Picasso, Sebastián, Sobre los denominados daños punitivos, LA LEY 2007-F-1154.
  8. Bustamante Alsina, Jorge, Los llamados daños punitivos son extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil, LA LEY 1994-B-860.
  9. Martinotti, Diego F., Los daños punitivos en el proyecto de Código Civil de 1998, LA LEY 2001-F-1317.
  10. Pizarro, Ramón D. y Stiglitz, Rubén S., Reformas a la ley de defensa del consumidor, LA LEY 2009-B, 949.
  11. Picasso, Sebastián, Nuevas categorías de daños en la ley de defensa del consumidor, LA LEY Sup. Esp. Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, 2008, 123.
  12. C1°CC Mar del Plata, sala II, 27-05-2009, Machinandiarena Hernández, Nicolás c. Telefónica de Argentina, LA LEY 2009-C, 647.
  13. Puede verse nuestra crítica al fallo Machinandiarena en Perriaux, Enrique J., Daño punitivo: dos fallos, dos interpretaciones, RCyS, 2011-I-76.
  14. Una postura favorable al fallo es la de Alvarez Larrondo, Federico M., El debut de los daños punitivos, RCyS 2009-VII-62.
  15. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de General Roca, 26-03-2010, Ríos, Juan Carlos c. Lemano S.R.L. Altas Cumbres, RCyS 2010-XII, 225,  AR/JUR/49583/2010.
  16. Por ejemplo, el art. 63 del Código Procesal Civil y Comercial, tanto de la Nación como de la Provincia de Buenos Aires, establece que la rebeldía declarada habilita a la contraria a solicitar la traba de las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del pleito.
  17. CApel. Concepción del Uruguay, sala civil y comercial, 04-06-2010, De La Cruz, Mariano Ramón c. Renault Argentina S.A. y otra, LA LEY Litoral 2010 (diciembre), 1264.
  18. López Herrera, Edgardo, Daños punitivos en el Derecho Argentino. Art. 52 bis, Ley de Defensa del Consumidor, JA 2008-II-1203.
  19. CNCom. sala A, 9-11-2010, Emagny SA c.GOT SRL y otro, La Ley Online: AR/JUR/92165/2010. En idéntico sentido: CNCiv., sala F, 18-11-2009, Cañadas Pérez María c. Bank Boston NA, LA LEY 2010-A, 203.
  20. Ver nuestro Daño punitivo: dos fallos, dos interpretaciones, cit. en nota 13.
  21. CCiv. y Com., Salta, sala I, 13-04-2011, P., D. H. c. Telecom Personal S.A., LA LEY 06-05-11, 5.
  22. López Herrera, Edgardo, op. cit. en nota 18.
  23. Bustamante Alsina, Jorge, op. cit. en nota 8.
  24. http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf
  25. Vignon-Barrault, Aline, Les dommages et intérêts punitifs, http://grerca.univ-rennes1.fr/digitalAssets/256/256253_avignon.pdf
  26. www.senat.fr
  27. El mismo puede consultarse en la página del Senado Francés citada en la nota anterior.
  28. Art. 1386-22 Code Civil: “La reparación en especie del daño tiene como objeto suprimir, reducir o compensar el daño. Ella puede combinarse con una reparación equivalente”.
  29. Bru, Jorge M. y Stiglitz, Gabriel A., Manual de Derecho del Consumidor, coordinado por Rusconi, Dante, p. 426, Abeledo Perrot, 2009.
  30. Celayez, Nancy, Daño punitivo. Conveniencia de su aplicación, elDial.com – DC14E7.