Los recursos contra decisiones administrativas en el procedimiento administrativo bonaerense de defensa del consumidor

LA LEY BUENOS AIRES 2006-561.

Autor: Enrique J. Perriaux.

I.- INTRODUCCIÓN

La sanción de la ley 24.240 ha significado para nuestro país la instauración de la protección plena y efectiva al consumidor.

A partir de la reforma constitucional de 1994, los consumidores gozan de garantías y derechos reconocidos por nuestra Carta Magna(2).

Sin embargo, y tal como ocurre en otros campos del derecho, la legislación de fondo devendría estéril sin un adecuado derecho adjetivo que haga posible la protección concreta prevista por la primera.

La ley de defensa del consumidor (LDC) contempla diversas normas procesales(3), entre las que se encuentra la materia que nos ocupa en el presente. La interpretación de las mismas no plantea en la actualidad mayores inconvenientes.

La situación en la Provincia de Buenos Aires es más confusa, existiendo normas que se superponen y hasta se contradicen entre sí. Esta circunstancia puede colocar en riesgo de indefensión tanto al consumidor como al proveedor de servicios, ya que podrían ver conculcados sus derechos al no poder acceder a una adecuada revisión judicial de las decisiones de la Administración, sea ésta Municipal o Provincial.

En este trabajo analizaremos las distintas vías de acceso a la instancia revisora judicial, respecto de decisiones dictadas en el marco del procedimiento administrativo del consumidor. Dicho estudio será circunscrito al ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

II.- EL CONTROL JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA(4)

A partir del conocido precedente Fernández Arias(5), es ineludible la posibilidad y la necesidad de una revisión judicial plena de los actos de la Administración.

La doctrina de la Corte Suprema al respecto ha sido siempre coincidente, a lo largo de sus distintas composiciones. La misma se refleja, entre muchos otros, in re Dumit(6). Sostuvo en dicha oportunidad el Alto Tribunal que, “sin duda, no resulta discutible la posibilidad de que organismos de carácter administrativo ejerzan funciones jurisdiccionales, como lo ha reconocido esta Corte en diversas oportunidades … Que, sin embargo, también ha manifestado la Corte que la validez de los procedimientos administrativos de referencia se encuentra supeditada, como principio, a que las leyes dejen abierta la posibilidad de una revisión judicial ulterior …máxime tratándose de la aplicación de sanciones penales, pues sólo así quedan debidamente a salvo pautas esenciales de la Constitución”.

El procedimiento administrativo bonaerense de defensa del consumidor contempla, en el caso de considerar configurada una infracción, la aplicación de sanciones, algunas de ellas de extrema gravedad(7).

Por dicha razón deviene imperativa la posibilidad de acceso a una revisión judicial plena, con amplias facultades para el administrado de defenderse, ofrecer y producir prueba, y obtener del órgano judicial una decisión arreglada a derecho.

Dicha posibilidad no es otra cosa que el respeto por el derecho al debido proceso, de raigambre constitucional. Explica Bidart Campos(8) que “el debido proceso consiste, radicalmente, en que el justiciable disponga de oportunidad suficiente para participar con utilidad en el proceso, consignando como sus requisitos que el justiciable tome conocimiento del proceso, que pueda ser oído y que se le permita ofrecer y producir prueba”.

En cuanto a la regla de la doble instancia ulterior, si bien la misma no es requisito constitucional de la defensa en juicio, lo cierto es que, hallándose establecida, no podría ser motivo de salvedades irrazonables(9).

III.- REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN RECURSIVA

La regla del agotamiento de la vía administrativa, como requisito de admisibilidad de la pretensión recursiva ante el órgano judicial, rige tanto en nuestro país como en numerosos países del extranjero(10).

La Ley de Procedimiento Administrativo Nacional(11) y el Código Contencioso Administrativo Provincial (CCA)(12) la contemplan expresamente, constituyendo dicha regla un requisito esencial de acceso a la instancia judicial.

  1. a) El agotamiento de la vía administrativa en el ámbito nacional

La ley 24.240 es taxativa en esta materia. Su art. 45 establece la posibilidad de recurrir los actos administrativos que dispongan sanciones. Es competente para resolver el recurso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda de acuerdo al lugar del hecho.

El acto administrativo que aplica una sanción produce el agotamiento de la vía administrativa.

En forma coincidente sostiene Bersten(13) que no hay duda que cualquiera sea la resolución final adoptada en el procedimiento administrativo, conforme lo establecido en el art. 45, párrafo 9º de la LDC, la misma “concluye definitivamente con el asunto en dicha sede en forma definitiva. En consecuencia no puede ser revisada mediante recurso jerárquico, alzada u otros medios. Ello queda refrendado por lo establecido en el párrafo 13 del artículo, en cuanto dispone que contra los actos administrativos que dispongan sanciones se podrá recurrir judicialmente”.

La redacción de dicha norma produjo cierta incertidumbre al ponerse en funcionamiento los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(14).

Se planteó la disyuntiva entre si debía continuar interviniendo en los recursos la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o si la competencia había sido desplazada a favor de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la actualidad no se discute que la revisión de las sanciones aplicadas debe ser efectuada por este último Tribunal.

  1. b) El agotamiento de la vía administrativa en el ámbito provincial

Tal como dijéramos ut supra, la situación en la Provincia de Buenos Aires no resulta tan clara.

La ley 13.133 sancionó a comienzos de 2004 el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

Dicho Código expresa en su art. 1º que se establecen por el mismo “las bases legales para la defensa del consumidor y los mecanismos administrativos y judiciales para la efectiva implementación en el ámbito provincial”.

Como toda ley que pretende abarcar un vasto universo de circunstancias de índole muy variada, la misma adolece de falencias en la materia que nos ocupa.

En efecto, establece su art. 70 que “las decisiones tomadas por el Organismo correspondiente agotarán la vía administrativa”. Por otro lado, el art. 80 in fine sostiene que “las sanciones que apliquen los Municipios tendrán el efecto previsto en el art. 70”.

Una primera lectura no muestra grandes diferencias entre sendos artículos. Sin embargo, debemos suponer obvio que su incorporación en la ley 13.133 se debió a una decisión expresa del legislador.

No cabe duda que el art. 80, al referirse a los Municipios, sin otro aditamento, se refiere a las sanciones aplicadas por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo municipal, ésto es, el Intendente. Pero ¿cuál es el Organismo correspondiente – conforme el art. 70 – cuyas decisiones agotan la vía administrativa?

La idea rectora de la ley 13.133 es darle un valioso protagonismo a los Municipios, con el objeto de que el consumidor alcance una inmediata y efectiva tutela de sus derechos. La inmediatez de la protección al consumidor no se alcanzaría si éste tuviera que desplazarse fuera del ámbito de su Partido, a fin de plantear adecuadamente su reclamo. Es por ello que su art. 79 confiere a las comunas el ejercicio de las funciones emergentes de dicha ley y de la ley de defensa del consumidor. También por ello el art. 80 – en su primer párrafo – les atribuye la aplicación de los procedimientos y las sanciones en ella previstas.

De la misma forma la ley 13.133 enumera, en un largo art. 81, las funciones de los Municipios para la aplicación de dicha ley. Entre dichas funciones se encuentra la de “implementar el organismo o estructura administrativa que se encargará de ejecutar las funciones emergentes de esta ley” (inc. a). Conforme su inc. e), los Municipos deberán “facilitar la tarea del Organismo Municipal encargado de la aplicación de las funciones y atribuciones que les acuerda esta ley, creando tantas Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) como lo consideren necesario”.

En los párrafos finales de este artículo, referidos a las funciones de las OMIC, se establece que las mismas deberán “elevar las actuaciones al Organismo Municipal de Aplicación en el caso de que fracase la conciliación, o para su homologación”.

Una interpretación armónica de las normas citadas nos convence de que el Organismo correspondiente – conforme el art. 70 – cuyas decisiones agotan la vía administrativa, es aquel organismo que, por delegación expresa del Intendente, constituye el Organismo Municipal de Aplicación.

En consecuencia rigen, por el momento, dos tipos de estructuras municipales en la materia. En los casos en que no haya existido delegación expresa, para agotar la vía administrativa deberán interponerse los recursos administrativos necesarios hasta obtener una decisión del Intendente.

Por el contrario, si dicha autoridad hubiera delegado su función de autoridad de aplicación municipal en otro organismo, las decisiones de este último agotan la vía administrativa(15).

Esta interpretación es concordante con lo establecido por el art. 14, inc. 1, ap. a) del CCA. Dicha norma establece como regla general la necesidad de agotar la vía administrativa como requisito de la pretensión procesal, salvo que el acto administrativo definitivo de alcance particular hubiera sido dictado por la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final o por el órgano con competencia delegada.

  1. c) Improcedencia de recurrir ante la Autoridad de Aplicación Provincial

La ley 13.133 establece que su Autoridad de Aplicación será la que determine el Poder Ejecutivo. Por dicha razón, pocos meses después de su sanción, el Ejecutivo Provincial dicta el decreto 1036/04, cuyo art. 1º designa como Autoridad de Aplicación de la ley 13.133 al Ministerio de Producción, a través de su Dirección Provincial de Comercio.

Establece su art. 2º que dicha Autoridad de Aplicación actuará concurrentemente con los Municipios en la vigilancia, control y juzgamiento en el marco de la aplicación de la ley 13.133(16).

¿Significa ésto la existencia de una instancia superior, a la que deba recurrirse para agotar la vía administrativa?. Adelantamos nuestra respuesta negativa.

La actuación concurrente de la Autoridad de Aplicación los Municipios se encuentra regulada en numerosas normas de la ley 13.133.

Cabe destacar que, a diferencia de sus anteriores decretos 1472/95 y 1610/96 – éste último luego de su reforma por el decreto 306/03 – la ley 13.133 no ha reservado expresamente a la Autoridad de Aplicación Provincial la facultad de juzgamiento.

Es por ello que, en el marco tanto de la letra como del espíritu de la ley 13.133, no es necesario recurrir a la Autoridad de Aplicación a fin de agotar la vía administrativa, la que ya ha sido precedentemente agotada por los Municipios.

La única excepción a esta regla sería la del caso de aquellos Municipios donde aún no se hubieren puesto en funcionamiento las OMIC u organismos de similar alcance, debiendo el consumidor en tal circunstancia dirigir directamente su reclamo a Dirección Provincial de Comercio, con sede en La Plata.

IV.- DIVERSIDAD DE RECURSOS EXISTIENDO O NO DELEGACIÓN FUNCIONAL

  1. a)  Existiendo delegación funcional

Es éste sin duda el caso más sencillo. Basta la interposición de un solo recurso para acceder a la instancia revisora judicial.

Veremos luego las características de dicho recurso.

  1. b)  No existiendo delegación funcional

Deben aplicarse en este caso las normas de la Ordenanza General Nº 267/1980, sancionada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. La misma, conforme su art. 1º, “regula el procedimiento para obtener una decisión o una prestación de la administración municipal y el de producción de sus actos administrativos”.

Dicho artículo finaliza con una regla de gran trascendencia para nuestra materia, al establecer que será de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas municipales con regímenes especiales. No cabe duda de que el procedimiento administrativo contemplado por la ley 13.133 constituye un régimen especial, por lo que la O.G. 267/1980 debe aplicarse supletoriamente al mismo.

La Ordenanza contempla en su art. 89 el recurso de revocatoria, el que procede contra toda decisión final, interlocutoria o de mero trámite que lesione un derecho o interés legítimo de un administrado o importe una transgresión de normas legales o reglamentarias o adolezca de vicios que la invaliden(17).

El recurso jerárquico – art. 92 -, procede, a su vez, contra los actos administrativos finales y los que resuelven las peticiones del interesado, excepto las que originen providencias de mero trámite. Interpuesto el mismo, el expediente debe ser elevado al superior.

Ambos recursos deben ser fundados por escrito e interponerse dentro del plazo de 10 días ante la autoridad que emitió el acto impugnado.

V.- LOS PASOS POSTERIORES AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

1) La ley 13.133 y el decreto 1610/96

La ley 13.133 es muy lacónica al legislar sobre el tema del acápite.

En efecto, su art. 85 se limita a establecer que la revisión judicial de las sanciones de la ley estará a cargo del fuero Contencioso Administrativo de la Provincia y, transitoriamente, en los Departamentos Judiciales donde no existiere dicho fuero, debe intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Resulta claro que esta norma se limita exclusivamente a establecer la competencia en razón del territorio y de la materia.

Nada dice la ley respecto de los recursos contra las sanciones que se apliquen en virtud de la misma. A fin de analizar la vía recursiva se debe, pues, recurrir a otras normas.

El decreto 1610/96 reglamentó, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la ley de defensa del consumidor. Dicho decreto no ha sido derogado por la ley 13.133, la que sin duda se inspiró en el mismo.

Sus arts. 32 a 34 regulan el recurso de apelación – veremos luego si es ésta la denominación correcta -. Establecen dichos artículos que el recurso se admite contra decisiones condenatorias y otorgan competencia a la Cámara Federal de Apelaciones con jurisdicción en el lugar del hecho.

Se ha discutido la validez constitucional del art. 34, en cuanto atribuye dicha competencia para resolver el recurso de apelación contra las decisiones condenatorias que imponga la Autoridad de Aplicación Provincial de la ley 24.240. En tal sentido se ha expresado que “la atribución de la competencia de los órganos jurisdiccionales provinciales es una facultad exclusiva del Poder Legislativo (arts. 1º, 103 inc. 13 y 166 de la Constitución Provincial y art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional)”. La aplicación de dicho decreto “alteraría el principio de división de poderes, pilar del sistema republicano establecido por nuestro ordenamiento constitucional”(18)

El recurso debe fundarse e interponerse ante la autoridad que dictó la decisión dentro de los 10 días de notificada.

2) El Código Contencioso Administrativo

El CCA enumera en su art. 2º los casos incluidos en la materia contencioso – administrativa. Su inc. 1º establece que, dentro de las controversias comprendidas por dicha materia, se encuentran las controversias “que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos, de alcance particular o general, y de ordenanzas municipales”.

Su art. 12 prescribe que dentro del proceso contencioso-administrativo podrán articularse, entre otras, pretensiones con el objeto de obtener la anulación total o parcial de actos administrativos de alcance particular o general.

Dichas pretensiones pueden esgrimirse de dos maneras, a saber, solicitando la anulación del acto(19) o solicitando su nulidad(20).

Dejando de lado provisoriamente las notas distintivas de cada una, ambas implican y suponen un acceso pleno a la instancia judicial, permitiendo de ese modo el acabado ejercicio de la garantía del debido proceso. Ambas son auténticas demandas, y no una mera revisión de lo decidido por un órgano inferior, como es el caso de una Cámara de Apelaciones respecto de un Juzgado de Primera Instancia.

La apelación contemplada por el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires “limita el trámite y las facultades de alzada al material reunido en el proceso (pretensiones, defensas, pruebas) y sólo admiten la producción de nuevas pruebas cuando se refieren a un hecho nuevo o cuando fueron denegadas en la instancia anterior. Este sistema consagra, entonces, antes que un novum iudicium, un verdadero y propio control o fiscalización de la sentencia recurrida ejercida por el tribunal de segundo grado de jurisdicción”(21).

El recurso de apelación del Código de rito presupone una instancia anterior, lo que explica que la intervención del Superior esté sujeta a determinadas limitaciones.

El control judicial de los actos administrativos no puede estar sujeto a dichas limitaciones.

3) El mal llamado recurso de apelación – El recurso de apertura de la instancia judicial

El recurso contemplado por el decreto 1610/96 no es una apelación en el sentido precedentemente descripto.  

Tal como consignáramos ut supra, la pretensión contencioso administrativa constituye una verdadera acción o demanda, con todas las características de un proceso pleno, sea éste ordinario o sumario.

Si bien desde un punto de vista estrictamente jurídico la expresión correcta sería la de “acción”, al tratarse de una impugnación a una previa decisión administrativa, preferimos utilizar la expresión “recurso de apertura de la instancia judicial”.

En consecuencia, una vez agotada la vía administrativa en el procedimiento administrativo contemplado por la ley 13.133, y conforme lo establecido por su art. 85, la revisión judicial de las sanciones aplicadas se inaugura mediante la interposición del recurso de apertura de la instancia judicial.

3.1) Efectos del recurso

Establece el art. 45 de la LDC que el recurso interpuesto ante sanciones administrativas será concedido en relación y con efecto suspensivo, excepto cuando se hubiera denegado medidas de prueba, en que será concedido libremente.

El decreto 1610/96 otorga, en su art. 33, las mismas formas y efecto al recurso de apertura de la instancia judicial.

La ley 13.133 no contiene previsión específica al respecto. Sin embargo, la interpretación de sus arts. 36 y 60 nos lleva a sostener que para esta ley el recurso tiene las formas y efecto de la LDC y del decreto 1610/96.

En efecto, el art. 36 sostiene que “el procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a la LDC … se ajustará a las normas previstas en la misma”. Su art. 60 condiciona el cumplimiento de las sanciones aplicadas a que quede consentida o ejecutoriada la resolución administrativa. Resulta claro, pues, que la ley 13.133 adopta al respecto el sistema de la LDC y del decreto 1690/96.

3.2) ¿Competencia federal o competencia provincial?

Tanto la LDC(22) como el decreto 1610/96(23) atribuyen competencia a las Cámaras Federales de Apelaciones con jurisdicción en el lugar de comisión del hecho.

La posterior sanción del CCA y de la ley 13.133 expresamente ha atribuido competencia al fuero contencioso administrativo provincial, despejando cualquier duda que pudiera haber existido al respecto.

Sin embargo, la competencia en razón de la materia y del grado suscitó interrogantes en las provincias los que, finalmente, fueron disipados por la Corte Suprema de la Nación.

En ocasión de una contienda de competencia entre un Juzgado de Primera Instancia de Río Negro y una Cámara Federal de Neuquén, sostuvo la Corte que “la ley 24.240 es una norma de derecho común … por lo que, tal como lo establece el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional no altera las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones”(24).

Debe interpretarse, pues, que las sanciones administrativas que emanen de las autoridades provinciales en el marco de la ley 24.240, o de las leyes locales que adhieran o sigan los lineamientos de la LDC, deberán ser recurridas ante la justicia provincial y no ante el fuero federal.

3.3) Trámite

El trámite del recurso de apertura de la instancia judicial es el contemplado por el decreto 1610/96, con la salvedad analizada en el acápite siguiente.

Ahora bien, dado que se trata de una acción procesal plena, el administrado recurrente puede ejercer la opción entre la pretensión de anulación – procedimiento ordinario – o la de nulidad – procedimiento sumario -. La elección del proceso seguramente estará determinada por la prueba documental de la cual disponga el accionado y de las constancias que obren en el expediente administrativo, ya que éstas son las únicas pruebas admitidas en el proceso sumario(25).

El escrito recursivo reviste las características de una demanda, con la estructura y las formalidades de la misma(26). El proceso ordinario posterior será bilateral, con amplia intervención de la demandada, la que tendrá la posibilidad de contestar la demanda(27) y oponer excepciones(28). Al recibir la causa a prueba el Juez citará a las partes a una audiencia conciliatoria, la que debe celebrarse en su presencia(29).

Producida la prueba las partes podrán alegar, llamando luego el Juez autos para sentencia(30).

Si se hubiera optado por el proceso sumario de ilegitimidad(31), el mismo se ajustará a las reglas procesales reguladas por el art. 69 CCA. Establece dicho artículo que el proceso sumario se regirá por las reglas del proceso ordinario, con las modificaciones contempladas en dicha norma, las que constituyen reglas normas propias de un proceso de conocimiento pleno abreviado.

La sentencia, en el caso del procedimiento ordinario, podrá decidir – en lo que nos concierne en el presente – la anulación total o parcial del acto administrativo de alcance general o particular impugnado(32). Si se tratase de la pretensión de nulidad, la sentencia debe limitarse a desestimar la pretensión o a declarar la nulidad total o parcial del acto administrativo impugnado(33).

Contra la misma podrá interponerse el recurso de aclaratoria(34) y de apelación(35), así como los recursos extraordinarios previstos en la Constitución Provincial(36).

3.4) Los plazos – Una peligrosa incertidumbre

El decreto 1610/96 estatuye el plazo de 10 días para interponer el recurso, mientras que el CCA contempla el plazo de 90 días para solicitar la anulación del acto administrativo(37) y el de 60 días si se pretende la nulidad del mismo(38).

La situación de inseguridad es sumamente grave. Por un lado, el plazo de 10 días parece exiguo para ejercer adecuadamente la defensa ante una sanción. La preparación de los argumentos y de la prueba requiere en gran parte de los casos un lapso más prolongado que el contemplado por el decreto..

Por el otro lado, ignorar dicho plazo privilegiando los del CCA podría implicar, en algunos casos, el rechazo in limine de la acción, si el Juzgador entendiera que habría caducado el plazo para recurrir. De ser ello así el administrado debería emprender un largo camino recursivo hasta llegar, eventualmente, a la Corte Federal, con el fin de poder ejercer adecuadamente su defensa ante la sanción que le fuera aplicada.

Parece prudente, por el momento, atenerse al plazo del decreto. Una alternativa posible sería optar por los plazos más extensos del CCA, pero solicitando inmediatamente al órgano judicial el dictado de medidas cautelares que ordenen la suspensión del acto administrativo que se pretende impugnar(39).

Deviene indispensable una legislación al respecto, que brinde certeza al justiciable. Establecer, por ejemplo, un plazo de 30 días respetaría tanto el principio de celeridad buscado por la LDC para la tutela de los derechos por ella amparados, como la garantía al debido proceso del proveedor sancionado.

VI.- CONCLUSIÓN

Hemos visto como las sanciones aplicadas en el marco del procedimiento administrativo de tutela del consumidor deben, imperativamente, ser pasibles de control judicial ulterior.

Se ha concluido que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la revisión de las sanciones aplicadas por dicho procedimiento se inicia con la interposición del recurso de apertura de la instancia judicial.

El derecho pretoriano(40) ha sostenido que la tramitación de recursos – como el aquí examinado –  implican una acción procesal y que, como tal, deben respetar el derecho de defensa, del debido proceso y, en definitiva, de la tutela judicial efectiva(41).

Al fundamentar la sanción de la Ordenanza General 267/1980, expresó el Poder Ejecutivo Provincial que “la norma sancionada permitirá superar los variados criterios adoptados en las comunas sobre cuestiones de procedimiento administrativo, los que, en esencia, son de la misma naturaleza”.

Resultaría sumamente importante que dicha expresión de deseos se cristalice legislativamente, poniendo así fin a la incertidumbre existente en la materia recursiva en el marco del procedimiento administrativo de defensa del consumidor.

 


Notas:

[1] El autor es miembro del Instituto de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados de San Isidro.

[2] El art. 42 de la Constitución Nacional establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.

[3] El Capítulo XII de su Título II (arts. 45 a 51) contempla detalladamente las normas que se refieren al procedimiento administrativo, a pesar de que en su art. 50 se haya deslizado una norma de fondo, cual es la prescripción.

[4] He tomado este título del maestro Héctor A. Mairal, con quien he tenido el honor de colaborar – mínimamente – en la redacción de su obra “El control judicial de la Administración Pública”, Depalma, 1984.

[5] Fallos 247-646.

[6] LL 150-39.

[7] El art. 73 de la ley 13.133 establece, entre otras, la sanción de clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días y una multa de $100 a $500.000.

[8] Bidart Campos, Germán, Manual de Derecho Constitucional Argentino, p. 413, Ediar, 1979.

[9] CContencioso administrativo La Plata, 28-6-05, G., D. P. c/ Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, LLBA 2006 (febrero), 32, con nota de Valeria MedinaLLBA 2005 (noviembre), 1253Sup. Adm 2005 (septiembre), 36, con nota de Marcelo A. Montaldo.

[10] En relación a la legislación y sistemas extranjeros, ver Mairal, Héctor A., op. cit., passim

[11] Ley 19.549, arts. 23 y 24.

[12] Ley 12.008, conocida como “Código Contencioso Administrativo”, arts. 14 y 15.

[13] Bersten, Horacio Luis, Derecho Procesal del Consumidor, p. 98, Ed. La Ley, 2003.

[14] Ver, entre otros, CNFedCA, sala IV, 23-5-02, Piu Case Inmobiliaria c/G.C.B.A., LL 2002-F,969, con nota de Claus, Juan Ignacio, “Revisión judicial de las sanciones por infracción al régimen de protección y defensa del consumidor. Recursos directos y seguridad jurídica”.

[15] El Municipio de San Isidro ha sido pionero al respecto. Mediante el decreto 969, del 14-5-04, el Intendente designó como autoridad de aplicación de la ley 13.133, en el partido de San Isidro, a la Secretaría de Producción y Defensa del Consumidor. Por lo tanto, sus decisiones agotan la vía administrativa.

[16] Ver, entre otra normas de la ley que establecen funciones concurrentes, sus arts. 5, 6, 7, 16, 17, 21, 31 a 34, 75, 76, 81, 82 y 86.

[17] Dado el carácter supletorio de la O.G en relación a la ley 13.133, sostuvimos en otra oportunidad que, a pesar de que la ley 13.133 solo lo admite contra resoluciones que denieguen medidas de prueba, el recurso de reconsideración debe ser admitido respecto de otras contingencias del proceso que impliquen cualquier decisión de la autoridad de aplicación (El derecho procesal del consumidor y el principio del informalismo administrativo, DJ 2005-2, 229).

[18] Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Contencioso Administrativo, La Plata,  sentencia del 21-2-05 (firme), inédita.

[19] Art. 18 CCA.

[20] Art. 67 CCA.

[21] Fenochietto – Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tº 1, p. 860, Astrea, 2º ed., 1993.

 

[22] Decreto 1610/96, art. 32.

[23] CSJN, 11-12-01, Flores Automotores SA, La Ley Online.

[24] Prieri Belmonte, Daniel, Sanciones en el marco de la ley del consumidor. El control judicial de las sanciones aplicadas (Ley 13.133, Prov. de Buenos Aires), DJ 2004-3, 995.

[25] Art. 27 CCA.

[26] Art. 37 CCA.

[27] Art. 34 CCA.

[28] Art. 41 CCA.

[29] Art. 48 CCA.

[30] Así lo caracteriza el Capítulo I del Título II del CCA (art. 67 y ss.).

[31] Art. 50 CCA.

[32] Art. 70 CCA.

[33] Art. 52 CCA.

[34] Art. 55 CCA.

[35] Art. 60 CCA.

[36] Art. 18 CCA.

[37] Art. 69 CCA.

[38] Cfe. Prieri Belmonte, Daniel, op. cit. en nota 25 precedente.

[39] CContencioso administrativo San Martín, 6-9-05, Consejo Directivo C.A.S.I. c/Doctor P.L., LLBA 2005 (noviembre), 1276 – LA LEY 14/11/2005, 11, con nota de Martín Galli Basualdo.

[40] Establecida por los arts. 15 y 166, párrafo 5º de la Constitución Provincial; 18 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional; 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.