Límites a la aplicación de oficio de la Ley de Defensa del Consumidor

LA LEY 2007-F-48,

Autor: Enrique J. Perriaux.

I. El fallo comentado

Con fecha 16-5-07 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirma la decisión apelada, mediante la cual se rechazó la demanda de daños y perjuicios promovida con el objeto de que la Aseguradora indemnizara el perjuicio sufrido por la supuesta destrucción total del vehículo del actor. El fundamento de la sentencia radica en que no habría resultado acreditada la existencia del daño total alegado por el demandante, en la medida en que el valor de realización de los restos de la unidad siniestrada superaría el 20% del valor de venta al público del vehículo asegurado al momento del siniestro, conforme surge de la cláusula correspondiente del contrato de seguro oportunamente suscripto por las partes.II. La LDC y su relación con otras normativas específicas Sostiene el actual art. 3o de la ley 24.240 (LDC) que las disposiciones de la misma se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas abarcadas por dicha ley. Sienta asimismo dicho artículo el principio de la interpretación más favorable al consumidor[2].

La interrelación del derecho del consumidor con otros ámbitos del derecho es profunda y fecunda. Sus principios no son compartimentos estancos, aislados de otras normas del ordenamiento jurídico, sino que las nutren y complementan en forma transversal. La doctrina es conteste en considerar alcanzados por las previsiones de la LDC a, entre muchos otros, los contratos de tiempo compartido, los servicios turísticos, la medicina privada y los círculos de ahorro[3].

La contratación bancaria, pese a ciertas opiniones minoritarias[4], se considera también alcanzada por los principios fundamentales del derecho del consumidor por la mayoría de los autores[5] y de la jurisprudencia[6].

Lorenzetti precisa con agudeza el correcto encuadre de la relación entre sendas disciplinas. Sostiene que “la banca se relaciona de muchas maneras, y solo algunas de estas relaciones da lugar a la aplicación de la ley 24.240 … Con los particulares puede tener diversos tipos de relaciones jurídicas, que pueden, o no, ser calificadas como de consumo. De modo que el segmento de intersección entre el Derecho Bancario y el Derecho del Consumidor es limitado y debe ser precisado. No se trata entonces de un problema de aplicación genérica de la ley a un sector de las relaciones jurídicas, sino de subsumir un supuesto de hecho particular en una norma”[7].

El contrato de seguro, materia específica del fallo comentado, se encuentra asimismo regido por las normas de la LDC. Sostiene Schvartz que “no existe ninguna razón para excluir el seguro del marco de la LDC, en razón de tratarse de una prestación de servicios incluida en el apart. b del art. 1o de la LDC, aunque tenga su propio plexo normativo – ley 17.454 – y su propia autoridad de aplicación que ejerce funciones de superintendencia”[8].

Las normas del derecho del consumidor actúan en esta materia, principalmente, en el control de las cláusulas contractuales, conforme lo establecido por los arts. 37 a 39 LDC. Con excepción de alguna opinión aislada[9] – que no compartimos – la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia se ha pronunciado a favor de la conveniencia y necesidad de dicho control”[10].

II. Alcances de la aplicación de oficio de la LDC

El fallo comentado rechaza la pretensión de la actora, a pesar de  reconocer expresamente que la cláusula cuestionada podría resultar abusiva e injusta. No solo ello, sino además cita doctrina y jurisprudencia del propio Tribunal que declaró abusivas o inaplicables cláusulas similares, dando ello lugar a la nulidad parcial del contrato de seguro. ¿Por qué este tratamiento dispar? No cabe duda de que la LDC es una ley de orden público. Si bien su art. 65 expresamente lo consigna, su propio contenido la reviste de dicha característica[11].

¿Podría el Tribunal haber aplicado de oficio la LDC, declarando en consecuencia la nulidad de la cláusula cuestionada?

El art. 37 LDC, contenido dentro del Cap. IX de la ley referido a los términos y cláusulas ineficaces, es claro al establecer que “sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas” aquellas cláusulas que seguidamente caracteriza como abusivas[12].

A fin de que el consumidor pueda hacer valer la ineficacia de las cláusulas que considere abusivas, el art. 37 LDC le otorga el “derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas”. En el caso de que el juez declare la nulidad parcial solicitada, “simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario”. No fue ésta la vía seguida por el actor en el caso anotado. Entabló una acción de daños y perjuicios y no una de cumplimiento de contrato, en la que podría haber aducido la eventual nulidad de una de sus cláusulas. La producción de su prueba tampoco fue adecuada al objeto de su pretensión – la sentencia hace alusión al principio de buena fe que debe primar en toda actuación ante la justicia el que, en el caso, aparecía desdibujado en la expresión de agravios -. Todo ello llevó al Tribunal a descartar la aplicación oficiosa de la LDC. El actor no acreditó que la reparación del vehículo superara holgadamente su valor, ni el destino dado a los restos del mismo, ni el valor obtenido por su eventual venta o reparación. El monto de la reparación del vehículo o el precio obtenido por la venta de sus restos hubieran sido datos significativos y esenciales para permitir al Tribunal valorar la adecuación de la cláusula contractual.

En síntesis, el demandante no brindó elemento alguno al juzgador para que éste pudiera determinar si en el caso la cláusula en cuestión, pese a no haber sido impugnada concretamente por el actor en su demanda, podía ser anulada de oficio.

III. Conclusión

Se ha sostenido que «tratándose de normas de orden público (arts. 19 y 21, Cód. Civil) ellas deben ser aplicadas de oficio, sin que a tal efecto rijan con todo vigor los principios procesales sobre litiscontestación y régimen de la prueba, y sin que el tribunal de apelación esté obligado a ceñirse a los propios términos del recurso … los magistrados deben aplicar dichas leyes de orden público aún no invocadas por las partes, pues los beneficios que ellas otorgan son en principio irrenunciables”[13].

Tal principio no es, sin embargo, absoluto. No se debe confundir la posibilidad de aplicación oficiosa de una ley de orden público con el control de constitucionalidad de las normas sometidas a decisión en un caso concreto, control que se encuentra a cargo de los jueces. En relación a esta última cuestión, ha sostenido Bidart Campos que “cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del iura novit curia y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa”[14].

La actividad jurisdiccional no puede ni debe suplir las omisiones o errores de los justiciables. En el caso comentado, la LDC ofrecía una vía muy concreta y precisa para reparar el perjuicio alegado por el actor: peticionar la nulidad o ineficacia de la cláusula del contrato de seguro atacada.

Tal como se viera, el mismo Tribunal había decidido en tal sentido con anterioridad. Su postura era, pues, previsible de antemano.

Destaca el Juez Heredia en su voto final, coincidente con el mayoritario, que la actitud del actor en la proposición y defensa de sus derechos, así como en la producción de su prueba, no puede conducir a otro resultado distinto al de la confirmación del fallo apelado. La sentencia comentada efectuó un pormenorizado análisis de los hechos y del derecho aplicable. No descarta la eventual existencia de una cláusula abusiva. Sin embargo, no puede avasallar la garantía constitucional de defensa en juicio, la que se hubiera visto vulnerada al no haberse otorgado al demandado la posibilidad de desarrollar su defensa en relación a la validez de la cláusula la que, como viéramos, no fue atacada de nulidad.

El derecho del consumidor es, por lo menos en nuestro país, una joven disciplina. Desde la sanción de la LDC en el año 1993 grande ha sido su evolución. Su inadecuada extensión a supuestos no comprendidos por la materia que contempla puede derivar en una desnaturalización de su objeto y fines[15].

Por el contrario, su consolidación necesita de fallos que – como el presente – encuadren adecuadamente sus alcances y limitaciones.


NOTAS

[1] El autor es miembro del Instituto de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados de San Isidro.

[2] El proyecto de reforma a la LDC, con media sanción por parte de la Cámara de Diputados y actualmente en estudio en el Senado, incorpora la noción de relación de consumo. Amplía de este modo el alcance del art. 3o LDC, al agregarle un párrafo que establece que las relaciones de consumo “se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones, sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”.

[3] Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, passim, Rubinzal Culzoni, 2003.

[4] del Rosario, Cristian O., La ley de defensa del consumidor y el Banco Central de la República Argentina como autoridad de aplicación, LA LEY 2006-A, 635.

[5] Villegas, Carlos G., Ley de defensa del consumidor y entidades financieras, LA LEY 2005-E, 850.

[6] CNCom., sala A, integrada, 17-2-04, Avan S.A. c/Banco Torquinst, LA LEY 2004-D, 400; CNCom., sala D, 23-11-04, Barsi, Belén María c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro; CCAyT Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, 5-4-05, Citibank N.A. c/ GCBA; CNACAF, sala V, 18-5-05; BNL SA c/ DNCI-DISP 308/04.

[7] Lorenzetti, Ricardo Luis, op. cit., p. 342 y ss.

[8] Schvartz, Liliana, Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, p. 43, García Alonso, 2005.

[9] López Saavedra, Domingo y Halperín, David Andrés, El contrato de seguro y la ley de defensa del consumidor 24.240, LA LEY 2003-E, 1320.

[10] Bersten, Horacio Luis, efectúa una completa reseña del estado actual de la jurisprudencia en relación a este tema (Derecho Procesal del Consumidor, p. 488 y s., Ed. La Ley, 2003).

[11] Expresa Llambías que “cuando el legislador calla sobre el carácter imperativo de la ley, será la naturaleza de la norma –según que ella sea apreciada por el intérprete de orden público o no- la que decidirá sobre su alcance imperativo” (Tratado de derecho civil, To I, p. 163, 6a ed., Ed. Perrot, 1975).

[12] La Resolución 53/2003, emitida por la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, confeccionó en su Anexo un “listado enunciativo de cláusulas que encuadran en las disposiciones del art. 37 LDC”. Dicha Resolución fue posteriormente ratificada mediante la Resolución 26/03 de la Secretaría de Coordinación Técnica, aunque modificó el Anexo original.

[13] CNCiv., sala C, 26-8-80, LA LEY 1981-A, 243

[14] Bidart Campos, Germán J., Manual de Derecho Constitucional Argentino, p. 780, Ediar, 1979.

[15] Ver nuestro trabajo “Acertada inaplicabilidad de la LDC por ausencia de relación de consumo”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Año IX, No 2, p. 42, febrero de 2007.