La justicia gratuita en la reforma de la ley de defensa del consumidor

LA LEY 2008-E, 1224.

Autor: Enrique J. Perriaux.

I.- INTRODUCCIÓN

La reciente sanción de la ley 26.361, mediante la cual se reformó la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC), introduce en la misma el beneficio de justicia gratuita.

Dicho beneficio estaba contemplado en la redacción original de la ley 24.240, pero el mismo fue vetado por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 2089/93, en ocasión de promulgar la ley.

La razón del veto surge de los considerandos del decreto al señalar, en primer lugar, que el beneficio de litigar sin gastos ya se encuentra regulado en forma específica por las leyes provinciales locales, por lo que devenía innecesaria su inclusión en la LDC.

Por otro lado, expresamente consignaba el decreto que el sentido del veto al respecto era desalentar la proliferación de acciones judiciales injustificadas.

La ley 26.361 ha modificado el art. 53 de la LDC en la materia que nos ocupa, estableciendo que: “Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”.

El mismo instituto es incorporado – a través del nuevo art. 55 LDC – a favor de las acciones promovidas por las asociaciones de consumidores y usuarios “en defensa de intereses de incidencia colectiva”.

Ahora bien, respecto de estas últimas, no se le otorga a la parte demandada la posibilidad de hacer cesar dicho beneficio mediante incidente. La razón de esta distinción radica, ciertamente, en la presunción de la seriedad del reclamo de incidencia colectiva de la que gozan las asociaciones de consumidores y usuarios, sujetas a estrictos requisitos para que se les conceda la autorización para funcionar.

En el presente trabajo nos preguntaremos acerca de si existe alguna distinción entre el beneficio de justicia gratuita y el beneficio de litigar sin gastos. Indagaremos asimismo acerca del alcance nacional o local que tiene la nueva norma.

El análisis del instituto a la luz del derecho laboral resultará esclarecedor. Tanto en el derecho del consumidor (art. 3 LDC) como en el derecho laboral (art. 9 de la ley de contrato de trabajo, LCT), rige el mismo principio tuitivo, esto es, la protección de la parte más débil. La protección brindada al trabajador sirve de referencia para tutelar al consumidor.

Finalmente, determinaremos cuál es, a nuestro entender, el alcance de la reforma en relación al proceso fundado en la ley de defensa del consumidor.

 

II.- REGULACION DE LA GRATUIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

  1. A) Beneficio de litigar sin gastos

Se ha definido el beneficio de litigar sin gastos como la posibilidad que se acuerda a quienes carecen de recursos para litigar ante los tribunales sin abonar impuestos ni sellados de actuación, ni las costas del juicio, mientras subsistan esas condiciones económicas.

El mismo encuentra sustento en dos preceptos de raigambre constitucional: la igualdad ante la ley y la garantía de la defensa en juicio(1).

El concepto “carencia de recursos” es sumamente variable y de difícil conceptualización apriorística. Por dicha razón, los códigos procesales adoptan el criterio de la determinación judicial de la carencia económica a través de un proceso bilateralizado con la intervención del solicitante y del litigante contrario(2).

Aquél que peticiona el beneficio debe acreditar su imposibilidad de afrontar los gastos del proceso. Si bien la redacción de los códigos procesales parecería limitar la actuación de la contraparte al mero control de la prueba ofrecida por el peticionante, la corriente jurisprudencial mayoritaria admite la facultad de la demandada de, por su lado, ofrecer prueba tendiente a desvirtuar la situación de necesidad de quien solicita la concesión del beneficio(3)

Si el beneficio es otorgado, el peticionante no solo se ve eximido del pago de la tasa de justicia y demás sellados de actuación sino que, en caso de perder el pleito, tampoco deberá afrontar las costas que se le impongan. Solo en el caso de resultar vencedor estará obligado a abonar las causadas en su defensa hasta un tercio de los valores que reciba.

Particular relevancia merece en el tema en estudio la posibilidad, también incorporada a la LDC, que se acuerda a la contraria de demostrar que, con posterioridad a la concesión del beneficio, el peticionante cuenta con mayores bienes y que ha perdido el derecho de acogerse a la franquicia.

La doctrina no es ajena al abuso en la solicitud y la concesión del beneficio de litigar sin gastos, y reconoce que el mismo se encuentra desvirtuado en la práctica. Muchas personas solventes recurren a este instituto porque no quieren arriesgar su fortuna personal en un juicio que puede resultar aleatorio.

Los tribunales son, generalmente, demasiado proclives a la concesión del beneficio de un modo indiscriminado y sin mayores pruebas y, en consecuencia,  personas con reconocida solvencia económica obtienen a su favor el beneficio de pobreza, lo que se traduce en una forma de fomentar la iniciación de pleitos(4).

Por ello, resultan merecedores de reconocimiento aquellos fallos que, con sentido común y de acuerdo a las constancias de cada causa, resuelven otorgar el beneficio en forma parcial, eximiendo al peticionante del pago de la tasa judicial, pero denegándolo con relación al pago de los honorarios judiciales(5).

 

  1. B) Beneficio de justicia gratuita

Algún código procesal civil y comercial provincial legisla sobre el beneficio de justicia gratuita(6).

Sin embargo, una simple lectura de sus normas demuestra la identidad de las mismas con las que contemplan el beneficio de litigar sin gastos previsto por el Código de la Nación y la mayoría de los Códigos provinciales(7).

Resulta pues necesario delinear el concepto de beneficio de justicia gratuita, a fin de establecer si el mismo es equiparable al beneficio de litigar sin gastos.

Tal como se viera, la redacción original de la LDC contemplaba el instituto de la justicia gratuita, posteriormente vetado por el Poder Ejecutivo. Dicho veto motivó la crítica casi unánime de los autores. Sin embargo, no existe coincidencia entre los mismos respecto del alcance de dicho beneficio.

Algunos parecerían asimilarlos. Así, Mosset Iturraspe se refiere a la norma vetada como aquélla que disponía el beneficio de litigar sin costas o “justicia gratuita”. Sin embargo, a continuación formula su crítica al hecho de que al consumidor afectado se le impongan las cargas propias del “acceso a la justicia”(8). No queda claro si, al referirse al acceso a la justicia, el mismo debe entenderse como una eximición de sellados o incluir asimismo la exención de costas.

Otros autores distinguen el beneficio de gratuidad del de litigar sin gastos. Lorenzetti, al referirse al principio de gratuidad, lo relaciona específicamente con el pago de la tasa de justicia(9).

Si bien en forma indirecta, se han deslindado los límites entre sendos institutos al sostener que la sanción de la ley 13.133 en la provincia de Buenos Aires implicó la consagración del principio de gratuidad(10). Cabe destacar, sin embargo, que el art. 25 de dicha ley solo exime a las acciones promovidas por consumidores a título individual o colectivo del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica, por lo que la diferencia con el beneficio de litigar sin gastos resulta evidente.

 

  1. C) Carácter local o nacional de la gratuidad

El Congreso Nacional, en el ejercicio de sus facultades, puede sancionar leyes de carácter federal, de derecho común o local.

Las leyes nacionales u ordinarias de derecho común son las que sanciona el Congreso cuando se alude, en el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional, a los códigos llamados “de fondo”, esto es, los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones.

La reserva constitucional que ordena aplicar las leyes nacionales de carácter común a los tribunales federales o provinciales, según el caso, se refiere fundamentalmente a dos cosas: a) que las leyes nacionales de derecho común son aplicadas, en jurisdicción provincial, por los tribunales de provincia; b) que para efectuar esa aplicación por esos tribunales, las provincias dictan los códigos procesales o “de forma”(11).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado que la ley 24.240 es una norma de derecho común, debiendo ser aplicada por un tribunal federal o provincial conforme sus respectivas jurisdicciones(12).

Idénticas características gozan las normas de derecho laboral, las que se encuentran expresamente incluidas dentro de la previsión del art. 75, inc. 12 de la Constitución.

Por dicha razón, en la aplicación tanto de las normas del derecho del consumidor como en las del derecho laboral, el tribunal interviniente aplicará las disposiciones del código procesal de su jurisdicción.

El beneficio de litigar sin gastos es una institución que forma parte de las normas procesales tanto nacionales como provinciales. A través de las mismas, la Nación y las provincias legislan, en el marco de sus facultades exclusivas, acerca de los alcances que le otorgan al beneficio de litigar sin gastos, como así también establecen los requisitos necesarios para acceder al mismo.

De igual modo, las leyes de tasa de justicia son normas pertenecientes a la esfera constitucionalmente reservada  a las provincias. Para las propias leyes sobre la materia y para la doctrina prevaleciente se trata de una tasa retributiva de servicios, y no de un impuesto(13). La misma constituye una tasa que se paga para retribuir la actividad jurisdiccional y en beneficio de ambos contendientes; se trata de un gasto de interés común(14).

El beneficio de litigar sin gastos y todo aquello referente al pago de la tasa de justicia – y sus exenciones – se encuentran incluidos dentro de las facultades no delegadas por las provincias, conforme lo previsto por el art. 121 de la Constitución.

Por ello, son las provincias, y no la Nación, las que se encuentran facultadas para regular lo atinente a los medios de acceso a la justicia, ya sea legislando sobre la tasa de justicia y sus exenciones, ya sea a través de la delimitación del alcance del beneficio de litigar sin gastos(15).

III.- LA GRATUIDAD EN EL PROCESO LABORAL

  1. a) En el orden nacional

Se ha dicho que la gratuidad en el proceso constituye uno de los pilares del derecho procesal del trabajo y una forma concreta a través de la cual se manifiesta la necesaria igualdad entre las partes(16).

La garantía de defensa en juicio requiere la posibilidad la posibilidad de recurrir a los tribunales y, en el caso de los trabajadores, si no se garantizara la gratuidad de los procedimientos, la onerosidad del trámite y la actuación profesional harían inaccesibles las vías para su tutela, desvirtuándose el principio protectorio del derecho del trabajo(17).

La doctrina es unánime al precisar el alcance de dicha gratuidad. La misma se refiere al pago de la tasa de justicia, pero no al de las costas judiciales cuando el trabajador es vencido en el pleito. Tampoco alcanza a los honorarios de los profesionales que representen o asistan al trabajador(18).

Esta posición ha quedado plasmada en la ley de procedimiento laboral de la Nación, cuyo art. 41 formula la distinción entre la exención de gravámenes fiscales – otorgada a los trabajadores – y la responsabilidad por las costas, cuya eximición queda diferida a la concesión del beneficio de litigar sin gastos, en el caso de corresponder(19).

La responsabilidad del trabajador frente a las costas que podría verse obligado a afrontar encuentra un único límite en la vivienda del mismo. Conforme el art. 20 LCT la misma no podrá ser afectada al pago de costas en ningún caso. El resto de los bienes del trabajador son susceptibles de embargo, incluida su remuneración, en la proporción que marca la ley(20).

Finalmente, si al momento de dictar sentencia el Juez determina que ha existido una pluspetición inexcusable, las costas deben ser soportadas solidariamente entre el trabajador y su profesional(21).

 

  1. b) En el orden provincial

La casi totalidad de los ordenamientos que regulan el procedimiento laboral en las distintas provincias distinguen el concepto de justicia gratuita del beneficio de litigar sin gastos.

Así, Entre Ríos se refiere al beneficio de justicia gratuita, pero limitándolo a la exención del pago de todo impuesto o tasa. Del mismo modo, contempla la posibilidad de que el trabajador sea condenado en costas(22).

Similar es la situación en Santa Fe, Mendoza, Salta, San Luis, Catamarca, Formosa, Jujuy, Misiones y Tucumán(23).

La provincia de Córdoba, sin aludir en forma directa a la gratuidad, contempla un anticipo de gastos por parte del Estado a favor del trabajador. Asimismo prescribe que las costas se impondrán al perdidoso, sin distinción entre trabajador y demandado(24).

Algunos ordenamientos provinciales se refieren al beneficio de justicia gratuita, otros solamente a la gratuidad, pero todos tienen en común la exención a favor del trabajador de impuestos, tasas, sellados o contribuciones. Del mismo modo, todos contemplan la posibilidad de que el trabajador sea condenado en costas.

Buenos Aires constituye una excepción dentro de los regímenes provinciales. En efecto, el art. 22 de la ley 11.653, de procedimiento laboral, establece que los trabajadores gozan del beneficio de gratuidad.

La norma planteaba ciertas dudas en cuanto a sus alcances, por cuanto solo establecía la gratuidad en la expedición de testimonios, certificados o informes por parte de cualquier oficina pública, y la no exigibilidad de contracautela para el pago de costas, gastos, honorarios o traba de medidas cautelares.

Ahora bien, toda vacilación al respecto quedó despejada con la sanción de la ley 12.200, la que prescribió que los trabajadores tienen acordado de pleno derecho el beneficio de litigar sin gastos, con todos sus alcances, y eximiéndolos del pago de toda tasa por servicios administrativos o judiciales.

Los fundamentos de la ley se refieren a la intención de reglamentar los alcances de lo dispuesto en el artículo 39 inciso 3) de la Constitución Provincial, el que establece el principio de gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador.

La necesidad de sancionar una ley a fin de expresamente otorgar el beneficio de litigar sin gastos al trabajador es demostrativa de la diferencia conceptual existente entre el mismo y la gratuidad del acceso a la justicia.

 

IV.- LA GRATUIDAD EN EL PROCESO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

  1. a) Jurisdicciones que determinan el alcance de la gratuidad

Hemos determinado que establecer el alcance del principio de gratuidad es competencia exclusiva de las provincias.

Luego de la sanción de la ley 24.240, numerosas provincias dictaron leyes a fin de adherir a la misma y reglamentar los aspectos procedimentales de la LDC.

Algunas de ellas delimitan el contorno de la gratuidad. Santa Cruz y San Luis establecen que las actuaciones judiciales quedan exentas del pago de la tasa de justicia(25).

La provincia de Chubut otorga, de pleno derecho, el beneficio de litigar sin gastos, con exención total de las costas, tasas y demás gastos causídicos(26).

Buenos Aires es la provincia que ha delineado los alcances de la gratuidad con mayor precisión. A fines del año 2003 se sancionó la ley 13.133, conocida como Código provincial de implementación de los derechos de los consumidores y usuarios.

Su art. 25 establece que las acciones promovidas de conformidad con las normas de la LDC, a título individual o colectivo, están exentas del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica. Hasta aquí la norma se asimila tanto a sus similares provinciales que reglamentan el procedimiento de la LDC como a las normas de procedimiento laboral.

Pero la ley 13.133 regula además la cuestión de la imposición de costas. En efecto, continúa el artículo ordenando al juez que, al momento de dictar sentencia, imponga las costas evaluando la proporcionalidad del monto de la pretensión y los costos del proceso con la capacidad económica de las partes(27).

La jurisprudencia que ha debido aplicar dicha ley ha sido rigurosa al distinguir entre la gratuidad a que alude la ley 13.133 y el beneficio de litigar sin gastos. El último requiere acreditar la impotencia patrimonial de quien lo pide, y su concesión extiende sus efectos tanto a la exención de tributos como a la liberación en el pago de las costas.

Por el contrario, la eximición a la que se refiere la ley 13.133 no requiere estado de pobreza en quien se ampara en ella, bastando que el derecho que esgrima tenga su fuente en la normativa que regula la defensa del consumidor. Sus efectos se extienden a la liberación del pago de imposiciones económicas, pero no de las costas, que se impondrán al perdedor(28).

En consecuencia, siendo suficientemente claras las respectivas leyes al respecto, ninguna duda cabe sobre el alcance del beneficio de gratuidad en las provincias que lo han establecido con exactitud.

 

  1. b) Situación en el orden nacional y en las provincias que no definen el alcance de la gratuidad

No todas las leyes provinciales delimitan en detalle el alcance de la gratuidad por ellas establecida, por lo que deviene necesario un trabajo de interpretación.

Así, Neuquén, Formosa, Misiones y Catamarca han previsto, sin mayores precisiones, el beneficio de justicia gratuita en relación a las acciones judiciales originadas en las relaciones de consumo(29).

Similar es la situación en la Nación, cuyos arts. 53 y 55 – luego de la reforma – se limitan a acordar el beneficio de justicia gratuita.

Estamos persuadidos de que el beneficio de gratuidad y el beneficio de litigar sin gastos son dos institutos que, si bien reconocen un fundamento común, revisten características propias que los distinguen entre sí.

Diversas razones nos convencen de que el beneficio de justicia gratuita se limita a la exención del pago de tasas, impuestos o contribuciones para iniciar una acción – individual o colectiva – con fundamento en la ley 24.240.

Un primer análisis semántico del tema revela diferencias entre ambas instituciones. “Litigar” sin gastos abarca desde el comienzo de las actuaciones judiciales – pago de tasas y sellados – hasta la finalización de las mismas – eximición de costas -.

Por el contrario, “justicia gratuita” se refiere indudablemente al acceso a la justicia, a la gratuidad del servicio de justicia que presta el Estado, que no debe verse conculcado por imposiciones económicas. Ahora bien, una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido a los avatares del proceso, incluidas las costas, las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de la justicia, de carácter alimentario.

Por otro lado, la gratuidad como adjetivo califica al sustantivo justicia. La justicia gratuita se perfecciona liberando de toda traba económica el acceso a la misma, representada por gravámenes de tipo fiscal(30).

Existe también un fundamento de orden histórico. Cada vez que en el derecho argentino se ha legislado sobre la gratuidad del procedimiento, se lo ha circunscripto a no limitar con imposiciones económicas el acceso a la justicia, pero sin avanzar sobre las costas del proceso.

Los antecedentes parlamentarios nos permiten arribar a idéntica conclusión. Resulta esclarecedor al respecto el debate de los senadores al deliberar acerca de la reforma a la ley 24.240. La mayoría de ellos relacionó el tema de la gratuidad de las actuaciones con el pago de la tasa de la justicia (Escudero, Guinle), a fin de propiciar el acceso gratuito a la justicia (Morales).

El Parlamento conocía acabadamente el alcance del beneficio de litigar sin gastos. Varios proyectos lo incluían expresamente. Sin embargo, se optó por la justicia gratuita, prefiriéndola sobre el primero.

Concurren asimismo razones de índole constitucional. Entre las obligaciones principales del Estado se encuentra la de afianzar la justicia y la de garantizar el principio de la igualdad ante la ley.

Para poder cumplir con dichos mandatos es necesario contar con los recursos necesarios. Si bien en otros países más evolucionados económicamente el estado puede prescindir del cobro de los mismos, en nuestro país es necesaria su recaudación a través del pago de la tasa de justicia(31).

Excepcionalmente se pueden otorgar exenciones a su pago. Las mismas se fundamentan en la presunta debilidad económica del peticionante – trabajador – o en su situación de inferioridad, lo cual permite presumir el abuso que puede haber sufrido por parte del contrario – consumidor frente al proveedor -.

Ahora bien, como toda excepción la misma debe ser de interpretación restrictiva(32). No resulta acertado extender los efectos de una ley a aspectos no contemplados por la misma máxime si, como es el caso, existe otra regulación legal sobre el tema, con diverso alcance.

La proliferación de acciones judiciales temida por el veto a la ley original no puede producirse si el reclamante, a pesar de estar eximido de tasas, es conciente de que, en caso de resultar perdidoso, puede ser condenado en costas.

En la reforma a la LDC el consumidor goza de pleno derecho del beneficio de justicia gratuita, pero la parte contraria puede hacer cesar el mismo demostrando, por vía incidental, la solvencia del consumidor.

En dicho incidente debe darse a ambas partes la posibilidad de ventilar los hechos sobre los que se basan sus afirmaciones ya que, de lo contrario, se compromete seriamente por un lado el derecho de acceso a la justicia del beneficiario y, por el otro lado, el derecho de propiedad de la contraparte(33).

Así como en la petición del beneficio de litigar sin gastos es admisible todo tipo de pruebas, del mismo modo la solvencia del consumidor puede ser demostrada por cualquier medio probatorio(34). Si la parte contraria acredita la misma, el actor pierde el beneficio de gratuidad, estando obligado, por lo tanto, a abonar la tasa de justicia(35).

Otra cortapisa a la iniciación de reclamos infundados representa la posibilidad de condenar en costas al litigante que incurre en pluspetición inexcusable. La misma existe en el derecho laboral(36), por lo que ninguna razón existe para excluirla del procedimiento de defensa del consumidor.

Del mismo modo, entendemos que la conducta de cualquiera de los litigantes en una acción con sustento en la ley 24.240 puede llegar a ser declarada temeraria o maliciosa, con las consecuencias que ello implica.

Sin embargo, tanto en el caso de la pluspetición inexcusable como en el de la calificación de la conducta de los litigantes, el Juez deberá actuar con suma prudencia, teniendo en particular consideración el principio a favor del consumidor establecido por el art. 3 de la LDC.

 

V.- CONCLUSION

No existe identidad entre el beneficio de justicia gratuita y el beneficio de litigar sin gastos. Si bien ambos tienen una misma finalidad, el último es más amplio que el primero.

Por otro lado, la regulación jurídica de la gratuidad de los procedimientos resulta privativa de las jurisdicciones locales, dado que se trata de una materia de orden procesal, no delegada a la Nación por las provincias.

El alcance de la gratuidad en el derecho laboral brinda pautas precisas. La presunción de falta de recursos económicos es, sin duda, más sólida en el caso de un trabajador que en el de un consumidor. El reclamo del primero reviste carácter alimentario. Rara vez un litigio fundado en una relación de consumo podrá ostentar dicha característica.

No resultaría equitativo conceder una mayor protección al consumidor que al trabajador. El principio de igualdad contemplado por el art. 16 de la Constitución Nacional impone dispensar igualdad de trato en identidad de situaciones. Otorgar al consumidor la misma protección que al trabajador, a pesar de no ser idénticas sus respectivas situaciones, resulta ya suficientemente tuitivo por parte del legislador.

En las jurisdicciones en las cuales se ha legislado acerca del principio de gratuidad son de aplicación los preceptos de las mismas.

Por el contrario, tanto en la Nación como en aquellas provincias en las que no se establecido el alcance de la gratuidad, la misma debe equipararse a la contemplada por el derecho laboral, esto es, limitada a la exención de sellados para acceder a la justicia.

Resulta de particular relevancia recordar que la LDC acuerda el beneficio de justicia gratuita “a las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley”. En tal sentido, los jueces deberán ser particularmente prudentes al proveer una demanda, a efectos de establecer si la misma encuadra en la LDC y, por lo tanto, decidir si resulta aplicable la eximición del pago de la tasa de justicia(37).

Una vez habilitada gratuitamente la jurisdicción, el litigante deberá atenerse a las vicisitudes del proceso, incluida la condena en costas.

Solo obteniendo el trabajador o el consumidor un beneficio de litigar sin gastos por vía incidental podrán verse eximidos del pago de las mismas hasta que mejoren de fortuna.

Ahora bien, ni aún el hecho de contar con un beneficio de litigar sin gastos podrá evitar la posibilidad de que se considere que han incurrido en pluspetición inexcusable o, en el caso del consumidor, de que su conducta sea calificada, asimismo, de temeraria o maliciosa.

La introducción de las normas de protección a los consumidores en el derecho nacional ha representado un gran avance en la tutela a los mismos. Sin embargo, su utilización abusiva puede conducir a desvirtuar sus fines.

No abrigamos dudas de que el correcto encuadre del beneficio de justicia gratuita incorporado a la LDC no sólo facilitará el acceso a la jurisdicción de los consumidores, sino que constituirá el mejor freno para desalentar reclamos sin fundamento.

 


Notas:

[1] Fenochietto – Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tº 1, p. 329, Astrea, 2º ed., 1993.

[2] Camps, Carlos Enrique, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Tº I, p. 163, Lexis Nexis, 2004.

[3] CNCiv., sala C, 14-10-82, LA LEY 1983-B, 22; Id., sala K, 07-04-97,  LA LEY 1998-D, 869.

[4] Viel Temperley, Facundo, El equilibrio en la concesión del beneficio de litigar sin gastos, LA LEY 2004-E, 1151, con cita de Rodríguez Saiach, Luis A., El Beneficio de Litigar sin Gastos, p. 33 y s., Ediciones La Rocca, 1999,

[5] CNFedCC, sala I, 03-09-02, LA LEY 2003-B, 531; Id., id., 26-03-06, DJ 2006-2, 642; CCC Río Cuarto, 02-10-97, LLC 1998, 124.   

[6] Código Procesal Civil y Comercial de Jujuy, art. 108 y ss.

[7] Código Procesal Civil y Comercial de Catamarca, art. 78 y ss.; de Corrientes, art. 78 y ss.; de Entre Ríos, art. 75 y ss.; de Córdoba, art. 101

y ss.; de San Luis, art. 78 y ss.; de Santa Fe, art. 332 y ss. Este último legisla sobre el “beneficio de pobreza”.

[8] Mosset Iturraspe, Jorge, Defensa del Consumidor, p. 193 y s., 2º ed., Rubinzal Culzoni, 2003.

[9] Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, p. 22, Rubinzal Culzoni, 2003.

[10] Schvartz, Liliana, Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, p. 259, García Alonso, 2005.

[11] Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución Reformada, Tº III, p. 170, Ediar, 2001.

[12] CSJN, 11-12-01, Flores Automotores SA, La Ley Online.

[13] Ver, por ej., el art. 1º de la ley 23.898 y el art. 292 de la ley 10.397, Código Fiscal de la Prov. de Buenos Aires (T.O. decreto 120/2004).

[14] Giulani Fonrouge – Navarrine, Tasas judiciales, p. 9, Depalma, 1998.

[15] Farina ha expresado sus dudas respecto de la constitucionalidad de la “irrupción del poder central en la organización y funcionamiento de las respectivas administraciones de justicia de las provincias”, Defensa del consumidor y del usuario, p. 555, 3º ed., Astrea, 2004.

[16] López – Centeno – Fernández Madrid, Ley de Contrato de Trabajo comentada, Tº I, p. 235, 2º ed., Ediciones Contabilidad Moderna, 1987.

[17] Sardegna, Miguel Angel, Ley de Contrato de Trabajo, p. 91, 8º ed., Editorial Universidad, 2003.

[18] Etala, Carlos Alberto, Contrato de Trabajo, p. 71, 3º ed., Astrea, 2000; Grisolía, Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, p. 132, 5º ed., Depalma, 2001.

[19] Ley 18.345.

[20] Arts. 120 y 147 LCT; art. 1 y ss. decreto 484/87.

[21] Art. 20 LCT.

[22] Ley 5315, arts. 17 y 36.

[23] Santa Fe, ley 7945, arts. 19 y 101; Mendoza, ley 2144, arts. 21 y 31; Salta, ley 5298, art. 21; San Luis, ley 5681, arts. 29 y 104; Catamarca, ley 4799, art. 34; Formosa, ley 639, arts. 21 y 22; Jujuy, ley 1938, art. 24; Misiones, ley 2844, arts. 17 y 123; Tucumán, ley 6204, arts. 13 y 49.

[24] Ley 7987, arts. 28 y 29.

[25] Santa Cruz, ley 2465, art. 5; San Luis, ley 5472, art. 15.

[26] Chubut, ley 4219, art. 11.

[27] El proyecto de la Cámara de Diputados incluía idéntica previsión en su propuesta de reforma al art. 53 LDC, la que no fue adoptada por el Senado.

[28] CCC San Martín, sala 2, 02-08-05, JUBA B2003346.

[29] Neuquén, ley 2268, art. 12; Formosa, ley 1480, art. 18; Misiones, ley 4191, art. 13; Catamarca, ley 5069, art. 15.

[30] Bidart Campos sostiene que “el ideal de justicia sería la gratuidad del acceso a la justicia como servicio a cargo de un poder del estado” (op., cit., Tº II, p. 289). Sin embargo, entendemos que aún no están dadas las condiciones económicas en la Argentina para ver realizada dicha aspiración

[31] En un voto minoritario, el Dr. Vázquez sostuvo que el acceso a la justicia debía estar exento del pago de la tasa judicial, sin perjuicio de su ulterior integración por quien resultare perdidoso en el pleito (CSJN, 26-08-97, LA LEY 1998-B, 778).

[32] CSJN, 09-08-88, Fallos 311:1372; Id., 28-05-98, Fallos 321:1500;  Rodríguez Saiach, Luis A., Derecho procesal teórico práctico de la provincia de Buenos Aires, Tº I, p. 400, Lexis Nexis, 2006.

[33] Camps, Carlos E., El beneficio de litigar sin gastos, p. 367, Lexis Nexis, 2006.

[34] Benabentos – López Miró, Declaratoria de pobreza – Beneficio de litigar sin gastos, p. 276, FAS, 1997.

[35] Cfe. ley 23.898, art. 13, inc. a); Código Fiscal de la Prov. de Buenos Aires, ley 10.397, art. 294.

[36] Art. 21 LCT.

[37] Resultan ilustrativas al respecto dos recientes sentencias de la sala I de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro. En la causa Nº 103.522, del 21-06-07, se consideró inaplicable el art. 25 de la ley 13.133 por tratarse de un caso de responsabilidad extracontractual, el que prima facie no encuadraría en la LDC. Por el contrario, en la causa Nº 103.959, del 14-08-07, se eximió a la actora del pago de la tasa de justicia, en razón de tratarse de un reclamo de tipo contractual entre consumidor y proveedor.