Gasoil en vez de nafta: La prueba en la relación de consumo

Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Año XIV, Nº 10, Octubre de 2012, p. 177.

Autor: Enrique J. Perriaux.

I. UNA CARGA ERRÓNEA DE COMBUSTIBLE

El presente caso, si bien ocurre con cierta frecuencia, carecía hasta la actualidad de antecedentes jurisprudenciales.
Del escueto fallo de la Cámara Nacional en lo Civil se deduce que la actora, conduciendo un automóvil naftero, se detiene en una estación de servicio a cargar combustible. Inadvertidamente el playero le carga gasoil en vez de nafta, tal como hubiera correspondido.
La accionante se retira de la estación de servicio y, si bien no se precisa cuándo, en algún momento debe haber notado la evidente falla del motor causada por el empleo de combustible inadecuado. Advierte que no tenía el ticket que acreditaba la carga y, al día siguiente, concurre a la estación de servicio, donde le es confeccionado el correspondiente comprobante.
La demanda es admitida en primera instancia y la demandada se alza contra la sentencia. La queja gira en torno a la procedencia de diversos rubros. Nos detendremos en dos de ellos: Por un lado, el hecho de que se haya tenido por acreditada la carga de combustible y, por el otro, la supuesta relación de consumo, admitida por el juez de grado, con todas las consecuencias que ello puede implicar en el campo de la prueba.

II.- LA PRUEBA EN LA RELACIÓN DE CONSUMO
La actora ofreció – y produjo – diversos medios de prueba. ¿Cuáles tuvo en cuenta el juzgador para tener por acreditado el hecho y la relación de consumo?
En primer lugar, el ticket de compra del combustible. No deja de llamar la atención que, como no le había sido entregado a la actora el día de la carga de combustible, se lo hayan facilitado al día siguiente. La autenticidad del ticket fue demostrada mediante la pericia contable efectuada en autos.
Por otro lado, declaró un único testigo, cuyo testimonio, sin aparecer como particularmente preciso, permitió acreditar que estaba con la actora al momento del hecho y que, por lo tanto, conoció bien lo sucedido.
A través de estos tres medios probatorios – documental, pericial contable y testimonial – el Tribunal considera acreditada la carga de combustible en la estación de servicio explotada por la demandada.
Sostiene asimismo que dichas probanzas constituyen indicios varios y suficientes para tener por probada la relación de consumo entre la actora y la accionada.
No cabe duda de que entre las partes ha existido una relación de consumo, tal como lo establece en su art. 3º la ley 24.240 después de la reforma efectuada por la ley 26.361: “Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario”.
La nueva redacción del art. 3º LDC ha ampliado enormemente el campo de aplicación de las normas de protección al consumidor, integrando el estrecho campo de la responsabilidad contractual con aquel mucho más vasto de la responsabilidad aquiliana (1).
La actora consumidora había celebrado un contrato con la estación de servicio proveedora, contrato que resultó debidamente acreditado en autos.
El interrogante que nos formulamos es: ¿qué influencia, qué consecuencias tiene el hecho de que se trate de una relación de consumo en cuanto a la prueba?
Si bien no se planteó en el caso de autos, uno de los mayores aciertos de la reforma fue la incorporación en la ley de defensa del consumidor de la teoría de la carga dinámica de la prueba. En efecto, el art. 53 LDC expresa que “los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”.
Dicha regla ha sido aplicada por los tribunales en numerosas oportunidades, en los casos en que una relación de consumo formara parte de la litis (2).
Esta teoría a menudo guarda estrecha relación con la conducta que las partes han mantenido durante o incluso antes del proceso. Se ha sostenido al respecto que, en tanto método paliativo de las reglas de distribución del onus probandi, la conducta de las partes toma relevancia especial cuando la parte que no tiene la carga de aportar prueba sobre el hecho en cuestión, pudiendo colaborar con el esclarecimiento de la litis, omite aportar las aclaraciones y precisiones que brindaría un litigante diligente, o directamente obstruye la aportación de los diversos medios de prueba al expediente, mediante su destrucción, o negando su exhibición, efectuando afirmaciones o adoptando actitudes probadamente falsas (3).
El principio procesal aludido obra como “moralizador” del proceso en cuanto expresión de la lealtad procesal que debe imperar entre las partes y hacia el juez, y ha merecido consagración legislativa en el art. 163, inc. 5º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En efecto, en su segundo párrafo alude a la conducta observada por las partes durante el proceso, norma que brinda al Juez la posibilidad de evaluarla como elemento de convicción que corrobore la prueba, a fin de poder sopesar las pretensiones de las partes (4).
Por su lado, el art. 163, inc. 5º del CPCC de la Nación también contiene, en su primer párrafo, un precepto sumamente valioso. El mismo otorga carácter de prueba a las presunciones no establecidas por la ley, en el caso en que las mismas se funden sobre hechos reales y probados, y que por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción en el juzgador.
Precisamente a dichas presunciones se refiere la Cámara en el fallo comentado, al concluir que los indicios varios y suficientes existentes en el expediente permiten tener por acreditada la relación de consumo.
Finalmente, la ley 24.240 establece uno de los principales pilares del derecho del consumidor; el principio in dubio pro consumidor, al establecer que en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece la LDC prevalecerá la más favorable al consumidor. Se ha expresado al respecto que el mismo “es quizás uno de los preceptos que más genuinamente trasunta la naturaleza tuitiva de la LDC” (5).
¿Cuáles son los principios que establece la LDC sobre cuya interpretación puede existir duda? ¿Alcanza el favor consumitoris a la valoración de la prueba?
Sostiene Santarelli que, si bien la ley no los enumera, a través de los antecedentes de derecho comparado pueden deducirse varios derechos fundamentales del consumidor, entre los que menciona el derecho de acceso a la solución de conflictos (asesoramiento y asistencia; acceso a la justicia)(6). Este último se relaciona con el procedimiento y, en la materia que nos ocupa, con la prueba.
El derecho laboral generalmente resulta una guía útil para dilucidar cuestiones relativas al derecho del consumidor, dado que ambos derechos se fundamentan en el mismo principio protectorio de la parte más débil (7). En tal sentido, la ley 26.428 reformó en el año 2008 el artículo 9º de la ley de contrato de trabajo. Prescribió que el favor operari debe ser aplicado por los jueces no solo en el caso de duda en la interpretación o alcance de la ley – como rezaba el artículo antes de su reforma – sino también en el caso de duda en la apreciación de la prueba.
La LDC no contempla explícitamente la interpretación a favor del consumidor en lo que a la prueba se refiere. Ahora bien, dado que ambas normativas tienen la misma finalidad tuitiva de los derechos de la parte en inferioridad de condiciones, nos inclinamos a considerar que el principio protectorio del consumidor es también aplicable al valorar la prueba. Su utilización debe ser efectuada con cautela, en virtud de la analogía que la misma supone. Borda sostenía que “la interpretación analógica es perfectamente legítima, pero debe aplicársela con cuidado” (8).
III.- CONCLUSIÓN
Destacábamos en el apartado anterior el principio del favor consumitoris. La Cámara no se refirió explícitamente al mismo, pero sin duda subyace en la decisión final.
El hecho de que un litigio se vea alcanzado por una relación de consumo permite el empleo de una nueva óptica para la valoración tanto de los medios de prueba como del resultado al que arriban los mismos.
Hemos visto la consagración legal de la regla de la carga dinámica de la prueba a través de su incorporación en el art. 53 LDC. La conducta de las partes, contemplada en el Código Procesal Nacional, se vincula con dicha regla. Las presunciones e indicios pueden formar convicción en el juzgador al momento de sentenciar.
Si luego del análisis y aplicación de los principios e instituciones mencionados quedase alguna duda, el favor consumitoris podría resultar, utilizado con prudencia, una útil regla de hermenéutica a fin de brindar la justa y debida tutela al consumidor.

 


NOTAS

(1) Se ha dicho que “la responsabilidad nace de la relación de consumo, reconocida en la Constitución de la Nación como bien jurídico tutelable (art. 42), tutela proyectable sobre las reglas infraconstitucionales cuyo contenido predetermina (ley 24.240). En consecuencia la responsabilidad que emerge del incumplimiento de una relación de consumo no es contractual ni extracontractual, nace de esa relación” (CACC 8º Córdoba, 20/02/2007, Naranjo Juan c/ LIBERTAD S.A., elDial.com – AA3C99).

(2) CNCom, sala E, 16/02/2011, «Benítez, Martín L. c/ Supermercados Norte y otros”, elDial.com – AA6AD0. Se ha sostenido asimismo que “en la actualidad, en casos como el presente, es de aplicación dominante la “teoría de las cargas probatorias dinámicas”, según la cual, cuando una de las partes está en mejores condiciones fácticas para producir cierta prueba vinculada a los hechos controvertidos “su deber procesal de colaboración se acentúa, siendo portador de una carga probatoria más rigurosa que su contraparte” (CACAyT CABA, sala I, 31/10/2011,»Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/GCBA, elDial.com – AA7217).  

(3) SÁENZ, Luis R. J. y SILVA, Rodrigo, Normas del Proceso, en Ley de Defensa del Consumidor, dirigida por Picasso y Vázquez Ferreyra, Tº I, p. 666, Buenos Aires, LA LEY, 2009.

(4)  El art. 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, casi idéntico en su redacción, no contiene la alusión a la conducta de las partes prevista en su par nacional.

(5) GHERSI, Carlos y WEINGARTEN, Celia, Tratado Jurisprudencial y Doctrinario de Defensa del Consumidor, Tº I, p. 193, Buenos Aires, LA LEY, 2011.

(6) SANTARELLI, Fulvio, Disposiciones generales, en Ley de Defensa del Consumidor, dirigida por Picasso y Vázquez Ferreyra, Tº I, p. 61, Buenos Aires, LA LEY, 2009.

(7) “Las mismas razones que determinan la creación de un orden público de protección en el ámbito del derecho del consumidor, son las que dan nacimiento al derecho del trabajo como disciplina que regula un tipo particular de contratos bajo un orden público de protección” (CNAT, sala V, 08/07/2011, «A. M. E. C/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A. y otro”, elDial.com – AA70CA).

(8) BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil – Parte General, Tº I, p. 233, Buenos Aires, Ed. Perrot, 1980.