Defensa gratuita del consumidor: ¿Con bill de indemnidad?

LA LEY 2009-B, 227.

Autor: Enrique J. Perriaux.

I. El caso

Una asociación de consumidores demanda a un banco, con el objeto de reclamarle que permita a sus clientes contratar con una aseguradora de su elección los seguros que les exige, que les informe a los clientes el precio de dichos seguros, y que el precio de los mismos no sea superior al de plaza. Simultáneamente promueve un beneficio de litigar sin gastos.

Conforme surge del fallo anotado, el a quo dicta sentencia en dicho beneficio. Funda su decisión en el art. 28 de la ley 26.361, mediante el cual se modificó el art. 55 de la ley 24.240 de defensa del consumidor (LDC), incorporando un párrafo final que establece que “las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita”.

Considera que, conforme lo establece el art. 3 del Código Civil, las leyes se aplican aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y que, por lo tanto, la norma del art. 55 LDC debía aplicarse al incidente en trámite. En consecuencia, al interpretar que la gratuidad de las actuaciones de la nueva norma coincidía con el beneficio en trámite, declara abstracto el trámite. Se alza la demandada contra el decisorio.

Llegados los autos a la Alzada, dictamina en primer lugar la Sra. Fiscal General. Expresa que la distinción que realiza la demandada en su recurso entre el beneficio de justicia gratuita y el beneficio de litigar sin gastos resulta inconducente, pues tanto la doctrina como las distintas leyes provinciales utilizan esas denominaciones para referirse a un mismo instituto. En consecuencia, propicia la confirmación del decisorio recurrido.

La Cámara Nacional en lo Comercial no comparte el dictamen precedente y dicta el fallo que comentamos, mediante el cual revoca la decisión apelada y ordena al juez de grado continuar con el trámite de la causa.

La sentencia resulta particularmente relevante, al pronunciarse sobre un tema de reciente incorporación legislativa, y al formular una clara distinción entre los beneficios de gratuidad y de litigar sin gastos.

II. La justicia gratuita y las asociaciones de consumidores

El beneficio de justicia gratuita constituye una novedad en la LDC. Si bien el mismo estaba contemplado en la redacción original de la ley 24.240, fue posteriormente vetado por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 2089/93, en ocasión de promulgar la ley.

La ley 26.361, en sus arts. 53 y 55, incorpora dicho beneficio, tanto para las actuaciones judiciales iniciadas de conformidad con la LDC en razón de un interés individual, como para las promovidas por asociaciones de consumidores en defensa de intereses de incidencia colectiva.

La distinción entre el beneficio de justicia gratuita y el beneficio de litigar sin gastos no resulta tarea sencilla. El fallo anotado recoge las distintas opiniones doctrinarias al respecto, adoptando la que oportunamente propusiéramos(1).

Tal como expresa el fallo, el beneficio de gratuidad y el de litigar sin gastos son dos institutos que, si bien reconocen un fundamento común, tienen características propias que los diferencian. La finalidad de ambos es la misma, esto es, facilitar el acceso a la justicia. Sin embargo, el último es más amplio que el primero.

En efecto, el beneficio de litigar sin gastos alcanza a todo el proceso judicial, desde su iniciación –al eximir al beneficiario del pago de la tasa de justicia-, hasta su culminación –dispensándolo del pago de las costas-.

Por el contrario, la parte que ha accedido a la justicia sin obstáculos pecuniarios a través del beneficio de gratuidad, puede ser condenada al pago de las costas.

Cabe preguntarse si el beneficio de gratuidad concedido en defensa de un interés individual presenta alguna diferencia respecto de aquel otorgado a las asociaciones de consumidores, al actuar en defensa de intereses colectivos.

Se ha sostenido, respecto de estas últimas, que la posibilidad de crear asociaciones de consumidores y usuarios con facultades especiales constituye una de las más interesantes novedades de la LDC(2).

La legitimación para accionar de las asociaciones de consumidores está dada, no solamente por el art. 43 de la Constitución Nacional, sino también por la norma del art. 55 LDC(3).

El art. 55 de la ley 24.240 dispone que las asociaciones de consumidores están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de la intervención de éstos prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de esta ley.

Cuando la LDC hace mención a los intereses de los consumidores objetivamente afectados o amenazados engloba diversos supuestos: a) En el caso de intereses pluriindividuales homogéneos, los intereses de los consumidores son individuales, pero coincidentes. El consumidor puede iniciar la acción a título individual o a través de una asociación de consumidores; b) Se legitima asimismo a las asociaciones para defender intereses difusos de los consumidores, ya que la norma se refiere a ellos tanto subjetivamente, al constituir una generalidad de sujetos, como objetivamente, es decir, con independencia de los sujetos; c) Por último, la acción puede referirse a la defensa de intereses dañados o bien amenazados, a través de la acción por daño temido(4).

El art. 53 LDC, al otorgar el beneficio de justicia gratuita a favor de las acciones iniciadas en defensa de un interés individual, concede a la parte demandada la posibilidad de hacer cesar dicha merced demostrando, por vía incidental, la solvencia del consumidor.

Tal como viéramos precedentemente, el beneficio de gratuidad también rige de pleno derecho a favor de las acciones promovidas por las asociaciones de consumidores y usuarios.

Ahora bien, respecto de estas últimas, el art. 55 LDC no le otorga a la parte demandada la posibilidad de hacer cesar dicho beneficio mediante incidente. Sostuvimos que la razón de esta distinción radica, ciertamente, en la presunción de la seriedad del reclamo de incidencia colectiva de la que gozan las asociaciones de consumidores y usuarios, sujetas a estrictos requisitos para que se les conceda la autorización para funcionar(5).

Es claro, entonces, que tanto el consumidor a título individual como las asociaciones actuando en defensa de intereses de incidencia colectiva gozan, por imperativo legal, del beneficio de justicia gratuita, es decir, la posibilidad de acceder a la justicia sin limitación alguna de índole económica.

El acceso a la justicia por parte de las asociaciones resulta en consecuencia irrestricto. La reglamentación de la LDC solo les exige carta poder cuando representan intereses individuales, exceptuándolas de tal requisito en aquellos casos en que actuaren en defensa de un interés general de los consumidores(6).

Sin perjuicio de ello, sostiene el fallo en análisis que “una vez que éstas (las asociaciones de consumidores y usuarios)  encuentren habilitada gratuitamente la jurisdicción, deberán atenerse a las vicisitudes del proceso, incluida la condena en costas, de cuyo pago sólo podrán eximirse si cuentan con una sentencia firme que les acuerde la franquicia de litigar sin gastos”.

¿Existe alguna vía para eximirlas de las vicisitudes del proceso, incluida la condena en costas? ¿Corresponde implementarla?

 

III. El “bill de indemnidad” y las garantías constitucionales

El título del presente comentario hace alusión a aquella institución del derecho anglosajón, mediante la cual se eximía a los integrantes del Parlamento de toda consecuencia legal derivada de sus omisiones o actos culposos contrarios a la ley.

Si bien dicha protección fue dejada de lado en el Parlamento inglés en el año 1869, la misma encuentra numerosos resabios tanto en el derecho anglosajón como en los ordenamientos jurídicos que, como el nuestro, se inspiran en el derecho continental.

Tal como en sus orígenes, los mismos muchas veces implican el intento de obtener garantías inadmisibles, o lisa y llanamente su concesión, en la medida en que resultan una palmaria violación a los más elementales derechos constitucionales.

Sostiene el fallo que el beneficio de gratuidad a favor de las asociaciones “no implica un bill de indemnidad para las mismas”. Pretender igualar dicho beneficio con el de litigar sin gastos “significaría, en lo concreto, avalar una indebida ingerencia del Estado en la esfera patrimonial de los ciudadanos, en claro desmedro al respeto de los derechos de igualdad y de propiedad que consagra nuestra Carta Fundacional (arts. 16 y 17), finalidad que, ciertamente, no puede ser perseguida por el legislador”.

¿Sería posible, de lege ferenda, otorgar a las asociaciones de consumidores una protección mayor a la otorgada al consumidor individualmente considerado? ¿Podría, por ejemplo, concedérseles a las mismas, en forma automática, el beneficio de litigar sin gastos, conservando solo el de justicia gratuita para el consumidor?

Nuestra respuesta es negativa. El legislador ya ha efectuado una distinción sobre este tema entre el consumidor y las asociaciones, al vedar a la parte demandada la posibilidad de promover un incidente para demostrar la solvencia de estas últimas.

Avanzar más allá de esta distinción vulneraría, tal como expresa el fallo, los derechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad y a la propiedad de la parte demandada. Constituiría el “bill de indemnidad” repudiado por la sentencia y por el ordenamiento jurídico en general.

La distinción efectuada por el fallo entre el beneficio de gratuidad y el de litigar sin gastos implica el respeto y reconocimiento de las garantías constitucionales mencionadas, a la vez que constituye una armónica interpretación de la norma con los fines tenidos en mira por el legislador al establecer la misma.

Finalmente, y en particular relación a las asociaciones, su función constitucional de protección de los intereses de los consumidores no se ve limitada por trabas de tipo económico. En efecto, no solo gozan del beneficio de gratuidad para acceder a la justicia sino que, además, tienen plena legitimación para iniciar un beneficio de litigar sin gastos el que una vez concedido las pondrá al abrigo de una improbable, atento la presunción de seriedad de sus reclamos, sentencia adversa.

 


Notas:

[1] PERRIAUX, Enrique, “La justicia gratuita en la reforma de la ley de defensa del consumidor”, LA LEY 2008-E, 1224.

[2] WAJNTRAUB, Javier, Protección jurídica del consumidor, p. 275, Lexis Nexis 2004.

[3] CNFCont.Adm., sala IV, 9-3-98, Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina c. Ente Nac. Regulador del Gas, LA LEY 1998-F, 339.

[4] LORENZETTI, Ricardo Luis, Consumidores, p. 513 y s., Rubinzal Culzoni, 2003.

[5] Ver nuestro trabajo citado en nota 1.

[6] Decreto 1798/94, reglamentación del art. 52 LDC.