Daño punitivo: Dos fallos, dos interpretaciones

REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS, Año XIII, Nº 1, enero de 2011, p. 76.

Autor: Enrique J. Perriaux.

I. El caso:

El actor promueve demanda sumarísima contra la empresa Movistar. Señala que adquirió un equipo de telefonía celular y que abonó el precio del mismo en su totalidad.

A la fecha de la sentencia, y pese a sus reclamos, habían transcurrido cinco meses sin que la accionada hubiese dado cumplimiento a su obligación de proporcionarle el bien objeto del contrato celebrado.

La sentencia condena a la demandada a la entrega del equipo celular y, a pedido del damnificado, le impone además una multa en concepto de daño punitivo, en los términos del art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Dicha multa equivalió, en el caso, a aproximadamente 4 veces el valor del modelo del celular en cuestión.

El fallo resulta particularmente relevante, ya que aplica una institución de reciente incorporación legislativa y casi sin antecedentes jurisprudenciales.

II. El daño punitivo en la jurisprudencia: Carencias de un precedente

El único caso de aplicación(1) de una indemnización punitiva conocido hasta el presente era el fallo dictado por la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata(2). Por dicha razón es ineludible una referencia al mismo.

El actor, discapacitado motriz, reclamó una indemnización en virtud de no haber podido acceder al local comercial de la demandada por carecer el mismo de una rampa adecuada a tal fin. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, condenando a la demandada a abonar al reclamante la suma de $30.000 en concepto de daño moral y la de $30.000 por multa civil.

Este fallo ha sido merecedor tanto de elogios(3) como de críticas(4). Por nuestro lado, si bien estamos de acuerdo con la condena determinada en concepto de daño moral, no lo estamos con aquella impuesta en concepto de la multa civil del art. 52 bis.

Luego de una exhaustiva fundamentación de la indemnización por daño moral, el tribunal flaquea al analizar la procedencia del daño punitivo.

Resulta incoherente la interpretación que formula del excelente trabajo de Pizarro – Stiglitz(5) el que, finalmente, utiliza para fundar la procedencia de la multa. Dichos autores sostienen que la incorporación de la figura a través de la ley 26.361 es digna de elogio. Sin embargo, expresan luego que la recepción del instituto se ve severamente malograda por la pésima redacción del artículo, cuyas imperfecciones conllevan una virtualidad suficiente para convertir a la ley en un instrumento de inseguridad jurídica y, peor aún, de inequidad.

No obstante ello la Cámara se apoya, para confirmar el fallo recurrido, en una alusión del mencionado trabajo al derecho comparado – no al instituto tal como se lo incorporó en nuestro derecho – y concluye que se ha configurado “un abuso de posición de poder que evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva”.

Por el contrario, dichos autores son particularmente críticos en relación a la laxitud del art. 52 bis, en cuanto a que el mismo no exige otro requisito más que el incumplimiento del proveedor de sus obligaciones contractuales o legales.

 

III. Virtudes del fallo comentado

El fallo que comentamos es sumamente breve y el hecho que lo origina resulta nimio si se lo compara con el contemplado por su aislado precedente. Sin embargo, entendemos que son valiosas las conclusiones que se pueden extraer del mismo.

El juez salteño sostiene que la sanción prevista por el art. 52 bis deviene aplicable en el caso por diversas razones. Entiende en primer lugar que una demora de 5 meses para entregar un simple celular es inadmisible. Se refiere luego a la conducta extraprocesal de la demandada, configurada por su reticencia en dar cumplimiento a las obligaciones contraídas y ya pagadas por el damnificado.

Finalmente, entre los fundamentos de su fallo considera la contumacia de la demandada. Es sabido que, en sentido jurídico, contumacia equivale a rebeldía. Ahora bien, la primera acepción del Diccionario de la Real Academia la define como la “tenacidad y dureza en mantener un error”.

Creemos que esta fórmula referida a la insistencia – tenacidad y dureza conforme la definición académica – en mantener un error culposo o doloso por parte de un proveedor y que afecte a uno o más consumidores podría, en muchos casos, ser de gran utilidad para determinar si corresponde o no la aplicación de la multa civil.

El fallo no lo dice, pero es bien conocido que los problemas derivados de la telefonía celular encabezan la lista de los reclamos de los consumidores ante los organismos, públicos y privados, de defensa del consumidor. La conducta de los proveedores de dicho servicio constituye, en estos casos, un claro ejemplo de la contumacia aludida.

La sentencia marplatense sostuvo que la norma del art. 52 bis solo exige el incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor, destacando particularmente que nada más es necesario.

Este “nada más” constituye, precisamente, el riesgo de incurrir en la inseguridad jurídica y en la inequidad mencionadas por Pizarro y Stiglitz. Por el contrario, el fallo que comentamos considera configurado “algo más” que el mero incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor. Ese “algo más” es, precisamente, el que fundamenta la aplicabilidad de la multa punitiva.

IV. Conclusión

Estamos convencidos de la importancia del derecho del consumidor como instrumento de regulación del mercado y herramienta de protección de la parte más débil en la relación de consumo(6).

Creemos que una de las maneras más adecuadas de proteger al consumidor es imponiendo al proveedor sanciones  administrativas adecuadas y proporcionales a la falta cometida(7). El art. 49 LCD brinda una serie de pautas para aplicar y graduar las penalidades previstas por la ley.

Sin embargo, la mayoría de las multas impuestas por las autoridades administrativas de defensa del consumidor son de tan poca entidad que – aplicadas a grandes empresas –  constituyen prácticamente una invitación a persistir en su conducta perjudicial para el consumidor.

Es por ello que no podemos sino celebrar sanciones realmente ejemplares como la recientemente aplicada por la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia del Chubut(8). Sin perjuicio de lo expuesto, es indudable que las sanciones del art. 47 de la ley 24.240 y aquella incorporada mediante el art. 52 bis son de naturaleza sustancialmente distinta.

Recuerda Picasso que en nuestro derecho rige una regla de oro: el responsable debe resarcir todo el perjuicio causado, pero sólo el perjuicio causado. Los principios que informan a los daños punitivos son, precisamente, exactamente lo contrario a dicha regla(9).

Cuando la ley 17.711 introdujo la responsabilidad objetiva a través de la reforma al art. 1113 del Código Civil, muchos temieron que se derrumbara toda la estructura de la responsabilidad civil concebida por Vélez. Sin embargo, la reflexiva interpretación de jueces y autores demostró que el nuevo sistema podía convivir con el de la responsabilidad subjetiva en vigor hasta ese momento.

Entendemos que, dado que los daños punitivos constituyen una excepción a la regla vigente antes de su sanción, los mismos deberían ser objeto de una interpretación prudente y restrictiva. En este sentido es grande la responsabilidad de los intérpretes del derecho los que, en última instancia, serán quienes determinen si los daños punitivos pueden incorporarse definitivamente a nuestro derecho.

En el citado precedente Cabañas Pérez(10), la Cámara Nacional en lo Civil estableció lo que, a nuestro juicio, se constituye en la guía inexcusable a considerar por los magistrados que deban decidir sobre la procedencia de daños punitivos, al sostener que “la figura del daño punitivo es de carácter excepcional y no rutinario, y debe ser empleada con sumo cuidado, pues se trata de un instituto importado del derecho anglosajón, extraño a nuestro sistema jurídico que prácticamente no concibe la existencia de las llamadas penas privadas».

 


Notas:

[1] La Cámara Nacional en lo Civil se ocupó posteriormente de los daños punitivos, pero a efectos de descartar su aplicación retroactiva (CNCiv., sala F, 18-11-2009, Cañadas Pérez María c/ Bank Boston NA, LA LEY 2010-A, 203).   

[2] C1°CC Mar del Plata, sala II, 27-05-2009, Machinandiarena Hernández, Nicolás c/ Telefónica de Argentina, LA LEY 2009-C, 647.

[3] Quiroga Lavié, Humberto, La primera aplicación histórica del daño punitivo en la jurisprudencia nacional, LA LEY 2010-A, 219.

[4] Nallar, Florencia, Improcedencia de los daños punitivos en un fallo que los declara procedentes, LA LEY 2009-D, 96.

[5] Pizarro, Ramón D. y Stiglitz, Rubén S., Reformas a la ley de defensa del consumidor, LA LEY 2009-B, 949

[6] En el mismo sentido, Pizarro, Ramón D. y Stiglitz, Rubén S., op. cit., en particular nota 26.

[7] Cfe. Mayo, Jorge A., La inconsistencia de los daños punitivos, LA LEY 2009-B, 1289.

[8] Se aplicó una multa de $1.000.000 a la firma Speedy por haber interrumpido el servicio de internet de banda ancha a los usuarios de las ciudades de Trelew y Rawson durante 2 días y a los de la ciudad de Puerto Madryn durante un día. Dicha sanción fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, con fecha 06-05-2010, al declarar la nulidad del recurso interpuesto por la empresa sancionada.

[9] Picasso, Sebastián, Nuevas categorías de daños en la ley defensa del consumidor, LA LEY, Suplemento Especial de la Ley de defensa del consumidor 2008 (abril), 123.

[10] Ver cita en nota 1.