Adecuada reforma a la ley 13.133

LA LEY BUENOS AIRES 2011 (Octubre), 933.

Autor: Enrique J. Perriaux.

I. CONTENIDO DE LA REFORMA:

Se ha sancionado recientemente la ley que reforma parcialmente a la ley provincial N° 13.133, conocida como Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

A lo largo de los ocho años transcurridos desde su promulgación a fines del año 2003, la ley 13.133 se ha enriquecido con los aportes brindados por la práctica tanto de los organismos administrativos a cargo de su aplicación en la órbita de los poderes ejecutivos provincial y municipales, como del poder judicial en las oportunidades en que ha tenido que intervenir a efectos de revisar las sanciones impuestas por los primeros. Por otro lado, los autores, al señalar sus virtudes y falencias, han contribuido también a la debida exégesis de la ley.

La norma en análisis tiene el valor de haber recogido sendas vertientes y plasmarlas en el texto legal. Ha restablecido asimismo, aunque con modificaciones, artículos vetados por el Poder Ejecutivo al momento de la sanción de la ley 13.133. Si bien es cierto que hubiera sido deseable aprovechar la oportunidad para aclarar y regular algunos puntos oscuros(1) que subsisten luego de la reforma, ello en modo alguno le resta mérito.

El eje de la misma se centra en las normas de procedimiento aplicables en los diversos ámbitos de actuación de la ley provincial.

Es así que, por un lado, establece las normas a observar por la autoridad administrativa de aplicación en el procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a los Derechos del Consumidor y Usuario.

Por el otro lado, prescribe el procedimiento a aplicar por los tribunales, los que pueden ser llamados a actuar en un doble carácter. En primer lugar, como instancia originaria de conocimiento para intervenir – en palabras de la ley –  en “las pretensiones judiciales en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios derivadas de las relaciones de consumo”. En segundo lugar, como órgano a cargo de la revisión judicial de las sanciones impuestas por los organismos administrativos  

La ley se compone de 5 artículos, de los cuales el último es de forma.

 

II.- TIPO DE PROCESO

Luego de un cambio menor al nombre del capítulo I del titulo VII (cambia su nombre actual – PROCEDIMIENTO SUMARISIMO – y pasa a llamarse solo PROCEDIMIENTO), la norma se refiere a la modificación al artículo 23.

El nuevo artículo tiene ahora tres párrafos. Señala el primero de ellos, no modificado, que para la defensa de los derechos e intereses protegidos por la ley son admisibles todas las acciones. Establece a continuación el trámite sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires para las actuaciones judiciales vinculadas con relaciones de consumo.

Ahora bien, de modo análogo al art. 53 de la ley 24.240, se prevé la posibilidad de que, a solicitud de parte, el juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, imprima un trámite de conocimiento que considere más eficaz.

Finaliza el artículo señalando que la revisión judicial de los actos definitivos dictados por la autoridad de aplicación de la ley tramitará conforme el procedimiento establecido en el artículo 70.

 

III.- COMPETENCIA

A través de la reforma al art. 30, vetado en su oportunidad, el legislador restablece la competencia de los Juzgados de 1º Instancia en lo Civil y Comercial o de los Juzgados de Paz Letrados para entender en las controversias de consumo.

Ahora bien, en el caso de que la controversia se produzca entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, y las mismas se encuentren regidas por el Derecho Administrativo, la competencia es atribuida a los Juzgados de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo(2).

A pesar de que, como dijéramos, el art. 30 había sido vetado, en la práctica no existía duda respecto de que los conflictos de derecho privado entre particulares debían ser dilucidados por el fuero Civil y Comercial.

Así lo había establecido la Suprema Corte provincial en diversas oportunidades, al determinar que “la pretensión indemnizatoria por daños y perjuicios originados en la negligencia y deficiencia en el proceso de elaboración, envasado o conservación de una gaseosa, tiene su origen en un contrato de compraventa regido por el derecho privado y alcanzado por las normas que establecen las bases legales para la defensa al consumidor y del usuario (ley 13.133). Por ello, el caso es ajeno a la competencia del fuero contencioso administrativo”.

 

IV.- LEY APLICABLE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A través del art. 36, la ley regula el procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a la preceptiva legal.

Con buen criterio, deja de lado la aplicación supletoria del Código de Procedimiento en lo Penal de la Provincia y establece en su lugar como norma supletoria a la ley de Procedimiento Administrativo provincial(3).

Se sigue así la solución adoptada en el orden nacional. En efecto, el extenso art. 45 LDC, referido al procedimiento y las sanciones, establece en su último párrafo la aplicación supletoria de la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y, en lo que ella no contemplara, la del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

No se entiende la razón por la que la reforma no estableció la supletoriedad del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, norma que podría dilucidar cuestiones oscuras no contempladas en la primera.

 

V.- REVISION JUDICIAL DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Este es, a nuestro parecer, el punto más relevante de la reforma.

Sostuvimos en su momento que en este tema la ley 13.133 adolecía de algunas falencias. En primer lugar, existía la dificultad de delimitar cuándo se producía el agotamiento de la vía administrativa. En segundo término, establecido el momento en que la vía administrativa había sido agotada, nada decía la ley respecto de la revisión judicial de las sanciones, salvo la previsión de su art. 85 relativa a la competencia del fuero contencioso administrativo(4).

En cuanto al agotamiento de la vía administrativa, la reforma al art. 70 no esclarece la situación actual. En consecuencia, o bien hay que interponer los diversos recursos previstos dentro del procedimiento administrativo municipal(5) o, tratándose de organismos con competencia delegada, sus decisiones ya agotan la vía administrativa(6).

Resulta de suma importancia establecer el procedimiento que debe seguirse una vez expedita la vía judicial. En primer lugar, los plazos. Conforme la norma la impugnación judicial debe iniciarse ante la misma autoridad que dictó el acto dentro de los veinte días de notificada y, dentro de los diez días posteriores a la recepción de la impugnación, el organismo debe remitir la misma junto con el expediente administrativo al Juzgado de 1º Instancia Contencioso Administrativo competente(7).

Estipula asimismo la norma que el procedimiento judicial tramitará por el proceso sumario de ilegitimidad del Código Procesal Contencioso Administrativo de la Provincia. En este caso, del mismo modo que en el nuevo art. 23, el Juez podrá, a pedido de parte y basado en la complejidad de la pretensión, imprimir un trámite de conocimiento más eficaz.

Dado que se trata de una acción procesal plena, el administrado recurrente podrá solicitar al Juez la fijación del trámite ordinario(8). La elección del proceso estará normalmente determinada por la prueba documental de la cual disponga el accionado y de las constancias que obren en el expediente administrativo, ya que éstas son las únicas pruebas admitidas en el proceso sumario(9).

Ahora bien, el hecho de establecer que el Juzgado de 1º Instancia es el encargado de entender en primer lugar, no implica en modo alguno que en él se agote el procedimiento revisor.

En efecto, la ley 24.240 estableció, en el orden nacional, la competencia de las Cámaras Federales para revisar judicialmente las sanciones administrativas que se hubieran impuesto. No cabe duda de que una sentencia de una Cámara Federal puede ser revisada por la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario. Del mismo modo, una decisión de primera instancia en la jurisdicción bonaerense es impugnable ante la Cámara respectiva(10). A su vez, la decisión del tribunal de alzada será revisable ante la Suprema Corte provincial y, eventualmente, ante la Corte de la Nación.

 

VI.- CONCLUSIÓN

El mérito principal de esta reforma es haber puesto fin a diversas situaciones de incertidumbre. Resulta particularmente importante el hecho de haber precisado tanto el procedimiento a seguir como los plazos a observar en los casos en que se deba impugnar una sanción del organismo administrativo.

Al fundamentar el dictado de la Ordenanza General 267/80, expresó el Poder Ejecutivo Provincial que «la norma sancionada permitirá superar los variados criterios adoptados en las comunas sobre cuestiones de procedimiento administrativo, los que, en esencia, son de la misma naturaleza».

Confiamos en que la reforma ayudará a un ejercicio más eficaz de las normas de protección a los consumidores, tanto por parte de los mismos y de los proveedores, como a través de los organismos administrativos y de los jueces.

 


NOTAS

[1] Así lo estableció la Cámara de San Martín, al hacer lugar al recurso de queja interpuesto por apelación denegada por parte del Juzgado de 1º instancia Contencioso Administrativo competente (CACont. Adm. San Martín, 13-04-2010, Maris, Romina c/Viajes Falabella SA y otra s/pretensión anulatoria).

[2] Si bien la norma habla de días hábiles en el primer caso y no en el segundo, no hay duda de que los plazos deben computarse por días hábiles. Dado que la ley 13.133 no prevé específicamente el tema, debe aplicarse supletoriamente la ley 7647, de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. Su art. 68 establece expresamente que todos los plazos administrativos se cuentan por días hábiles.

[3] Arts. 18,  27 y ss. ley 12.008 (Código Contencioso Administrativo).

[4] PRIERI BELMONTE, DANIEL, Sanciones en el marco de la ley del consumidor. El control judicial de las sanciones aplicadas (Ley 13.133, Prov. de Buenos Aires), DJ, 2004-3, 995.

[5] PERRIAUX, ENRIQUE J., Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada, dirigida por PICASSO-VAZQUEZ FERREYRA, Tomo II, p. 1095 y ss., LA LEY, 2009.

[6] Ordenanza General 267/1980, la que regula “el procedimiento para obtener una decisión o prestación de la administración municipal y el de producción de actos administrativos”.

[7] Así, por ejemplo, el Municipio de Vicente López, al crear mediante el decreto 2160/05 la Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, le atribuye – entre otras – las funciones previstas en el art. 80 de la ley 13.133. Diversa es la situación en el partido de San Isidro. Si bien inicialmente las decisiones de la OMIC agotaban la vía administrativa, el decreto 1059/08 ha dispuesto que sus resoluciones sean recurribles ante la Secretaría General de Gobierno. Solo estas decisiones tendrán por agotada la vía administrativa.

[8] SCBA, 20-9-2006, Terluk, Mirta Graciela c/ Coca Cola de Argentina S.A., JUBA B 68816 I. En idéntico sentido: SCBA, 6-5-2009, Marrone, Hernán Walter c/ Fiestas y Eventos S.A., JUBA B 70052 I.

[9] Decreto Ley 7647/1970

[10] Por ejemplo, y como se verá en el punto V del presente, el punto relativo a cuál es la decisión que agota la vía administrativa, de modo de poder acceder a la revisión judicial de sanciones.