Acertada inaplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor por ausencia de relación de consumo

Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Año IX, Nº 2, febrero de 2007, p. 42; LA LEY BUENOS AIRES, 2007-977.

Autor: Enrique J. Perriaux.

I. El caso

Los actores adquieren en un concesionario un vehículo 0 km. El pago del mismo lo efectúan parcialmente en efectivo y el saldo mediante la entrega de un automóvil usado. La transferencia de la titularidad del vehículo usado no se lleva a cabo. Los actores inician acciones judiciales contra el concesionario reclamando los daños que les habría producido la deuda del impuesto automotor subsistente a su nombre. La demandada opone excepción de prescripción, argumentando que habría transcurrido el plazo de 3 años previsto por el art. 50 de la ley de defensa del consumidor (LDC). Ante el rechazo de dicha excepción, se agravia y apela la accionada.

II. La relación de consumo

Conforme el art. 1o de la ley 24.240, dicha ley “tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios”. El texto de la norma es de una gran amplitud. Parecería abarcar cualquier relación jurídica en la que el consumidor intervenga. Sin embargo, un análisis más profundo del espíritu de la ley nos lleva a señalar los límites de la protección al consumidor. Con razón se ha dicho que para la LDC sólo determinados sujetos revisten la calidad de consumidores y en el marco de determinadas relaciones jurídicas, y sólo ese sujeto es el protegido por el marco tuitivo de la LDC[2]. ¿Cuáles son los sujetos protegidos por la LDC? El propio art. 1o de la ley los caracteriza, al disponer que son las personas físicas o jurídicas que contraten a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social. Tal como citáramos precedentemente, los sujetos protegidos por la LDC deben ser parte de determinadas relaciones jurídicas. Dichas relaciones son enumeradas a continuación por el mismo art. 1o, a saber: a) la adquisición o locación de cosas muebles; b) la prestación de servicios y, c) la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública y dirigida a personas determinadas. El art. 1o de la LDC contempla a los sujetos protegidos por la ley actuando en determinadas situaciones y relaciones jurídicas. El art. 2o, a su vez, brinda la noción de proveedor de cosas o servicios, al definirlo como toda persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aún ocasionalmente, produzca, importe, distribuya o comercialice cosas o preste servicios a consumidores o usuarios. La relación entre consumidores y proveedores, interactuando en determinadas situaciones jurídicas, es la llamada relación de consumo. Sostiene Lorenzetti[3] que la relación jurídica de consumo es una definición normativa, y que su extensión surge de los términos que la ley asigne a los elementos que la componen: sujetos, objeto, fuentes. Dicho autor se inclina por definir la relación de consumo de modo que abarque todas las situaciones en que el sujeto es protegido: antes, durante y después de contratar; cuando es dañado por un ilícito extracontractual, o cuando es sometido a una práctica de mercado, cuando actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente. La protección que la LDC brinda al consumidor presupone, en primer lugar, que las partes del negocio jurídico revistan la condición de consumidor y de proveedor, respectivamente. Ahora bien, no cualquier relación entre dichos sujetos autoriza la aplicación lisa y llana de la LDC, sino solo aquella que se desarrolle en el marco de una relación de consumo. Así lo ha previsto expresamente la Constitución Nacional, al establecer en su nuevo art. 42 que la misma garantiza a los consumidores y usuarios su protección en la relación de consumo[4].

III. Ausencia de relación de consumo en el fallo anotado

Las partes del presente caso celebraron, sin duda, un contrato de compraventa. Mediante el mismo el concesionario entregó un automóvil 0 km., y los adquirentes pagaron su precio. El hecho de que parte del precio se haya abonado mediante la entrega de un vehículo usado es accesorio, y no altera la naturaleza del contrato principal. En esta operación las partes son fácilmente individualizables: el concesionario proveedor y los adquirentes consumidores. No hay duda de que los adquirentes gozaban, en cuanto consumidores, de toda la protección que les brinda la LDC y que, por ejemplo, si el auto hubiera presentado alguna falla, el concesionario tendría que haber brindado el servicio de garantía. Distinta es la situación relativa a la entrega del vehículo usado en parte de pago. Los actores­compradores no gozan aquí de la condición de consumidores sino que, eventualmente, pasarían a ser los proveedores de bienes. Tampoco podría el concesionario pretender ocupar el lugar de un consumidor, dado que no reuniría los requisitos del art. 1o de la LDC, al no contratar para su consumo final[5]. Señala el Tribunal que, al versar el reclamo sobre una cosa usada, el mismo podría caer fuera del ámbito de la LDC en virtud de lo establecido por el art. 2o de la misma[6]. Ahora bien, aún soslayando esta circunstancia, los actores no revisten la condición de consumidores en relación al bien entregado por ellos como parte de pago. No se está en presencia de un reclamo relativo a la compra del 0 km., no se invoca relación de consumo alguna, sino que se demanda por los daños que habría irrogado la falta de transferencia de la titularidad del usado. Los actores no solicitan la aplicación de alguna norma de la LDC en su amparo. Bien dice el fallo que “no podrían hacerlo, al no revestir, respecto de la cosa entregada, sobre la que versa la demanda, la calidad de consumidores o usuarios, porque precisamente vendrían a constituir – hipotéticamente – la figura del proveedor de cosas o servicios que reclama al consumidor el cumplimiento de las obligaciones por él asumidas”. Asimismo, señala acertadamente el Tribunal que “para discernir sobre la aplicación de la ley (24.240) no resulta imprescindible la calificación de la figura contractual de que se trata. La misma no se encarga de puntualizar su operatividad sobre determinados contratos, en general, sino sobre ciertos contenidos de los mismos. Las categorizaciones rígidas pierden importancia si la nota fundamental se ubica en la investigación de los derechos protegidos”. Por los fundamentos indicados, la Cámara declara inaplicable al caso de autos la LDC y, en particular, su art. 50 referido al plazo de prescripción. En consecuencia, confirma el rechazo de la excepción de prescripción, estableciendo que la cuestión debe regirse por el plazo de prescripción decenal del art. 4023 del Código Civil.

IV. Conclusión

La sanción en el año 1993 de la ley 24.240 representa un hito de trascendental importancia en la evolución del derecho argentino. La ley busca proteger a la parte más débil frente a determinadas relaciones jurídicas, en las que el margen de negociación del consumidor es sumamente limitado. Sin embargo, la aplicación irrestricta de la ley puede conducir a resultados disvaliosos los que, en última instancia, pueden redundar en perjuicio del propio consumidor. En el caso concreto analizado, los actores podrían haber visto conculcado su derecho si se hubiese aplicado el plazo de prescripción de la LDC. Por otro lado, el hecho de que una determinada situación jurídica no encuadre dentro del ámbito de la LDC no implica que quien se considere perjudicado por la misma vea vulnerados sus derechos. Por el contrario, siempre tendrá expeditas las vías del derecho común. Los jueces tienen la tarea de velar por que la LDC cumpla los objetivos para los que fue sancionada. La manera más adecuada de lograrlo es respetando la intención del legislador, aplicando para ello la norma en relación a los sujetos y al objeto previstos por la misma.

 


Notas:

[1] El autor es miembro del Instituto de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados de San Isidro.

[2] Schvartz, Liliana, Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, p. 23, García Alonso,

2005.­

[3] Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, p. 74, Rubinzal Culzoni, 2003.

[4] Art. 42 CN: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

[5] Interpretando el art. 1o LDC, se ha sostenido que “Acertadamente o no, el legislador trató de generar un sistema de protección de la parte que consideró más débil, supuesto que no es el de autos, donde la contratación se llevó a cabo entre dos importantes sociedades” (Cash Converters Central SA c/Prosegur SA s/ordinario», CNCom., Sala E, 27­08­2004).­

[6] “Se excluyen del ámbito de esta ley los contratos realizados entre consumidores cuyo objeto sean cosas usadas”.